México, 4 de marzo 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Las «denuncias oficiales» sobre el arbitrario encarcelamiento y las injusticias cometidas contra Nestora Salgado, ya comienzan a convertirse en la cantaleta favorita de las «instituciones» para legitimarse, sin hacer absolutamente NADA por liberarla. Claro, de eso se trata: SIMULAR y tomarle el pelo al pueblo.
Por enésima vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que «autoridades» del estado de Guerrero violaron los derechos de Nestora Salgado García, líder comunitaria de Olinalá, y otros seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) durante su detención.
De acuerdo con el diario La Jornada, la CNDH usurpada por el priista Luis Raúl González Pérez, emitió la recomendación 9/2016, dirigida a diversas autoridades del desgobierno de Guerrero –usurpado también por el PRI–, señalando que a las «irregularidades» cometidas en las detenciones de los seis policías de la CRAC-PC se suma el hecho acreditado de que tres de ellos fueron víctimas de tortura y otros tres recibieron tratos crueles y degradantes.
Reafirmando su papel simulador, la CNDH se deslindó de las responsabilidades penales que el ministerio público imputa a Salgado, señalando que «no tiene facultades para investigar delitos y para determinar la responsabilidad penal de Nestora».
Pero eso sí, acusó a policías comunitarios de violentar la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia, de ocho personas incluyendo cuatro menores que fueron detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso.
En tal sentido, la CNDH determinó que las violaciones, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el Sistema Comunitario de Justicia, se debieron en gran medida a que los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, pues aún existen muchas amigüedades y omisiones en la respectiva normatividad.
Entre las recomendaciones emitidas por la CNDH al desgobierno del priista Héctor Astudillo –por cierto, más sangriento que el de Aguirre en el arranque–, solicitó «reparar el daño» a integrantes de la CRAC-PC y que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en las detenciones, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario.
Nestora Salgado fue detenida en agosto de 2013 junto a otros 50 integrantes de la CRAC-PC en Olinalá, Guerrero, luego de una violenta persecución emprendida por el régimen usurpador de Peña Nieto en todo el país, para desmantelar a grupos de autodefensa y policías comunitarios.
Desde 2014, un tribunal federal de Acapulco determinó que las acusaciones contra Salgado no procedían, pues se detectaron contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes. Asimismo, se acreditó que Nestora siempre actuó dentro de sus facultades como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701.
Pese a ello y al reclamo de miles de activistas y organizaciones en todo el mundo, el régimen usurpador del asesino de Atenco ha postergado mañosa y deliberadamente la orden de liberarla.
Con información de La Jornada
