Sigan «exigiendo»… Total, pedir no empobrece
Redacción / Sinembargo
Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional (AI), envió una carta desde Londres a Peña Nieto donde reconoció el papel de México para promover los derechos humanos en foros regionales e internacionales, pero en la que criticó la carencia de medidas efectivas para poner fin a la impunidad que está detrás de los ataques habituales contra defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres en el país.
“Es vital que se adopten medidas efectivas y duraderas para abordar los actuales patrones de desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias, así como los ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres, con independencia de si los perpetradores son o no funcionarios del Estado”, dice la misiva de Shetty fechada el pasado 9 de mayo.
A la par, Amnistía difundió este martes un sondeo en el que se da a conocer que casi la mitad de la población mundial teme ser víctima de tortura si sufre una detención. De acuerdo con las cifras proporcionadas, la preocupación sobre esta práctica es mayor en Brasil y México, donde el 80 por ciento y el 64 por ciento de los encuestados, respectivamente, dijeron que no se sienten seguros si son arrestados.
“Aunque los Gobiernos han prohibido esta práctica deshumanizante por ley y han reconocido el rechazo global a su existencia, muchos de ellos llevan a cabo tortura o la facilitan en la práctica”, dijo Amnistía en su nuevo informe.
De las más de 21 mil personas en 21 países consultadas por GlobeScan para Amnistía, el 44 por ciento dijo que no se siente seguro y libre de tortura si es arrestado en su país de origen. Amnistía dijo que ha recibido informes de que la tortura se está empleando en más de 140 países y dio ejemplos de países que van de Nigeria a México y Ucrania.
En este contexto, el Secretario General de Amnistía le dijo a Peña en la misiva que una medida crucial para conocer la determinación de su «gobierno» en materia de derechos humanos es garantizar que las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos implicados en violaciones graves de derechos humanos, como lo son torturas y desapariciones forzadas, comparezcan sin demora ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación.
“Como sabrá, estos resultados son la excepción y no la norma”, precisó.
Recordó que con anterioridad se ha documentado que en México “la impunidad está arraigada debido a la ausencia de respuesta del gobierno a las denuncias de violaciones de derechos humanos”. Denunció que hay una tendencia en las instancias de gobierno de ignorar las quejas de las víctimas o rechazarlas por carecer de fundamento, en lugar de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales para prevenir y castigar los abusos.
“Si su gobierno se compromete en serio con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones. Las autoridades deben dar cuenta públicamente de todas las medidas adoptadas para investigar estos abusos en relación con los estándares establecidos en las normas y mecanismos internacionales y nacionales de derechos humanos”, dice la carta.
Shetty refirió que en su visita realizada al país en febrero del presente año entregó a Peña Nieto un memorándum donde se exponen los motivos de preocupación de Amnistía Internacional y sus recomendaciones para abordar varias cuestiones prioritarias de derechos humanos.
Entre los puntos expuestos en el documento que Amnistía entregó al gobierno mexicano durante su vista destaca la exigencia de emitir una «declaración Presidencial» para que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información sobre desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas u otros malos tratos y otras violaciones de derechos humanos sea enjuiciado con apego a las normas internacionales de derechos humanos.
También se pide garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar, a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o actuales, sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria.
Amnistía pidió al Estado mexicano revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul. Además lo llamó a adquirir un compromiso político y económico con la implementación de las recomendaciones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.
Sobre el tema del arraigo pidió abolirlo, y crear una base de datos nacional accesible donde se registren todas las detenciones.
El organismo internacional pidió además hacer pública la base de datos revisada de 26 mil personas no localizadas o desaparecidas, establecer mecanismos nacionales de búsqueda rápida, acceso rápido a las llamadas de teléfonos móviles y otros datos personales de las personas en paradero desconocido, crear unidades de investigación especializadas, protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos y una base de datos nacional creíble de personas en paradero
De igual forma instó a realizar una investigación exhaustiva y proactiva de todas las personas cuya desaparición se haya denunciado, y asegurar que se exploran todas las pistas, incluso las que sugieran los familiares y las que pudieran implicar a funcionarios públicos, a fin de conocer la verdad y conseguir justicia y reparación.
También pidió que Peña responda a las demandas de los representantes de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente garantizar que este organismo cuenta con suficiente personal adiestrado, que los planes de trabajo y recursos son suficientes para cubrir las necesidades de protección, y que la dirección del Mecanismo goza de la confianza de defensores y periodistas.
Finalmente pidió demostrar que se producen avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos cometidos contra migrantes en situación irregular en tránsito, con independencia de si los autores son funcionarios públicos o bandas delictivas.
“En el cumplimiento de estos puntos se conocerá si el Presidente [SIC] Peña Nieto quiere mejorar o no la situación de los derechos humanos”, dijo Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional, este día al dar a conocer la misiva en el Museo Memoria y Tolerancia.
Y agregó: “Hace tres meses el Presidente Peña Nieto nos pidió acciones concretas en una reunión, hoy le damos nueve puntos que tiene que responder no sólo a Amnistía Internacional, sino a toda la sociedad”.
