Simón Vargas Aguilar*
La Jornada
De acuerdo con el reporte Las remesas a América Latina y el Caribe en 2013, del Fondo Multilateral de Inversiones, Estados Unidos es la fuente de aproximadamente tres cuartas partes del ingreso de remesas que reciben los países de Latinoamérica. Asimismo se calcula que de los 21 millones de los migrantes originarios de esta región, 54.2 por ciento provienen de México y 14.4 por ciento de Centroamérica (http://bit.ly/1juK1kQ).
La necesidad de obtener una alternativa de desarrollo y el aumento de la violencia en los últimos años han orillado a miles de personas de Centroamérica a migrar a Estados Unidos, pero antes deben atravesar por México, y los peligros que esto representa. La atención internacional que atrajo el aumento de menores migrantes puso en tela de juicio el actuar de algunos niveles de gobierno de nuestro país ante esta situación, y el trato hacia los migrantes en general.
El pasado 18 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que México conocía sobre la crisis de los menores desde hace dos años (2012) y que sus acciones para afrontarlo fueron claramente ineficientes. Además agregó que nuestro país nunca “ha tenido una política sistemática” para proteger a los migrantes (http://bit.ly/1peeJ9e).
En este sentido, la Dirección de Migración y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde) documentó y analizó la experiencia de las personas migrantes en su tránsito por México durante todo 2013, y sobre todo su relación con los agentes del Instituto Nacional de Migración, con el propósito de detectar las constantes del flujo migratorio y del trato al migrante.
Uno de los hallazgos más desalentadores del Informe sobre estaciones migratorias en Iztapalapa, Puebla y Saltillo del Instituto Nacional de Migración, 2013, es que las violaciones a los derechos de las personas migrantes por parte del INM no consisten en hechos aislados, ya que según la información que recabaron “se trata de prácticas institucionalizadas, por lo que combatir estas acciones requiere un proceso de restructuración a conciencia y profundidad, primando la perspectiva de derechos humanos” (http://bit.ly/1t80nJ6).
Mediante la realización de entrevistas aleatorias a migrantes que pasaron por las estaciones antes señaladas, se concluyó que al menos 10 por ciento de los entrevistados aseguró que los agentes les habían pedido hasta 100 dólares para dejarlos continuar su camino, que al momento de su detención hubo uso excesivo de la fuerza, que incluso les dejó marcas o heridas, y que pasaron periodos de hasta 15 horas sin recibir agua o alimentos.
Pero el dato más alarmante es que ni una sola de las personas que refirió haber sido víctima de amenazas de tortura, incomunicación, extorsión y corrupción denunció los hechos, por temor a ser reprendidas y por falta de conocimiento sobre sus derechos, e incluso de alguna manera justifican el maltrato y las agresiones recibidas por los agentes, por transitar por el país sin documentos o de forma irregular.
Con la finalidad de eliminar dichas prácticas, Insyde realizó varias recomendaciones al INM, entre las cuales destacan; que el Órgano Interno de Control y las procuradurías de Justicia colaboren activamente para investigar, procesar y sancionar administrativa o penalmente a los servidores públicos que hayan cometido un acto de corrupción, un delito o una violación a los derechos humanos; ampliar el acceso a las estaciones migratorias con el fin de transparentar la gestión y permitir la realización irrestricta de un monitoreo de derechos humanos, asesoría legal y labores periodísticas; y garantizar el acceso a condiciones dignas de alojamiento, evitando la sobrepoblación de las estaciones.
En este contexto, recordemos lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita a Los Ángeles, California: “Esta es una ocasión oportuna para decir que lamentablemente sabemos que aún hay estados que no han evolucionado tanto como California, que todavía escatiman reconocimiento y, peor aún, los derechos de los migrantes. Esas acciones, lejos de ayudar a sus estados, sólo afectan los principios y valores de democracia y de respeto a los derechos humanos e igualdad que defendemos en la región de América del Norte” (http://bit.ly/1sx2dPW).
La problemática de la migración recobra importancia de primer nivel, ya que recientemente el mandatario estadunidense, Barack Obama nominó como embajadora de Estados Unidos en México a María Echaveste, una abogada y antropóloga texana, hija de inmigrantes mexicanos, quien se ha destacado como experta y defensora de la reforma migratoria y los derechos civiles.
Igualmente se debe recordar que el papa Francisco envió en julio pasado al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, para que lo representara en el Coloquio México-Santa Sede sobre Migración Internacional y Desarrollo, quien enfatizó que “nadie puede ser indiferente al drama de los migrantes”. Esto indica que el fenómeno de la migración puede empezar a ser tratado como se debe, con justicia y solidaridad.
* Analista en temas de seguridad, educación y justicia. Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n
