Jesús Guerrero
Reforma (Foto: Jesús Guerrero)
Chilpancingo, México (20 junio 2014).- Uno de los desplazados por la violencia de San Miguel Totolapan relata que, cuando el Ejército Mexicano y la Policía Estatal los sacaron de su comunidad, su esposa tenía cinco días de haber dado luz a su bebé en el catre de su casa.
«Será lo que Dios quiera», le dijo el campesino a su mujer cuando casi la cargó en hombros para subirla a una camioneta que llevaban los soldados el viernes 6 de junio en la noche, en la comunidad de Santa María Sur.
Sentada en una colchoneta, tendida en la duela de la cancha de basquetbol del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), la señora cuenta que, apoyada por su suegra y una cuñada, tuvo a su niña el 31 de mayo a las 15 horas con 30 minutos.
Tuvo a su bebé en esas condiciones porque desde 2013 no funciona la Casa de Salud de su pueblo.
Para esas fechas, la gente de esta comunidad y sus vecinos de El Barroso ya tenían varios días de recibir amenazas de la delincuencia para salirse de sus pueblos.
La situación de inseguridad en esa zona de la Sierra de la Tierra Caliente se agravó a principios de este año, cuando en un sitio del camino de terracería que conduce a la comunidad de San Rafael fue encontrado el cuerpo sin vida de un individuo que tenía enterrado en el pecho un cuchillo.
«Esto les va a pasar a todos los que apoyen a la Familia Michoacana», cuentan que decía un escrito que estaba a un lado del cuerpo.
La persona asesinada vivía en la comunidad de San Rafael.
Desde entonces, la gente ya no salía de sus pueblos porque tenía temor de sufrir alguna agresión en la carretera.
«Ya no había transporte, tampoco subían los camiones de reparto de alimentos o refrescos; igual dejaron de ir las autoridades y hasta el sacerdote que iba una vez a la semana a oficiar misas de bodas o bautizos», dice uno de los campesinos.
En una ocasión, cerca de unas comunidades, la delincuencia incendió dos vehículos del Ayuntamiento que transportaban materiales para la construcción.
Tras la ola de violencia que se registraba en esa zona, la Casa de Salud dejó de funcionar porque el médico dejó de ir en forma definitiva.
«No podía llevar a mi esposa al centro de salud de la comunidad de San Rafael porque, ni al doctor podía llevarla, no había garantías de seguridad y así es de que ella dio luz en mi casa, en un catre», contó el campesino.
Temerosos de dar sus nombres, porque tienen miedo de que algo les pase, los desplazados de estas dos comunidades que están albergados en las instalaciones del Indej, dicen que en la Sierra lo único que no les falta es la comida.
Cuenta que las caravanas de salud que tanto presume el Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el Secretario de Salud, Lázaro Mazón, tienen meses que no acuden a esos pueblos.
«Estamos a la buena de Dios», dice el hombre.
