Blanche Petrich
La Jornada
El 25 de junio pasado se rompió en Honduras un récord: se presentó el mayor desembarco –hasta ahora– de niños y adolescentes deportados, la mayoría desde México y algunos de Estados Unidos. Las expulsiones corren por cuenta del Instituto Nacional de Migración. Ese día se registraron 321 menores, según el diario local El Heraldo. Fue el reflejo inmediato de la reunión de trabajo que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo en Managua con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los presidentes de Guatemala y El Salvador, y altos funcionarios de Honduras y Nicaragua.
Paradójicamente, Estados Unidos deporta –o pide a sus aliados que intercepten, detengan y devuelvan a sus lugares de origen– familias y niños no acompañados que proceden de las ciudades que el Departamento de Estado advierte –en una alerta a viajeros fechada el 24 de diciembre de 2014– a sus conciudadanos que eviten visitar, “porque el crimen y la violencia mantienen índices críticamente altos”, y en las que el gobierno de Honduras “carece de recursos para resolver” los problemas de inseguridad. “La gran mayoría de crímenes cometidos en Honduras, incluso contra ciudadanos estadunidenses, nunca se resuelve”, añade el citado trip advisory.
Los refugios, rebasados
Esa misma semana, el Hogar para Niños Emanuel, ubicado en San Pedro Sula, se declaraba rebasado, incapaz de atender a una criatura más: tenía 498 menores bajo su cuidado, en espera de que llegaran familiares a recogerlos. Y preveía para las próximas horas 200 ingresos más, informa La Prensa hondureña. El 26 de julio, frente al Centro Edén, otro albergue administrado por particulares, la Dirección Nacional de Niños, Adolescentes y Familias, recibía siete autobuses repletos, en viaje directo desde la frontera mexicana, con 99 adultos y 155 menores deportados; algunos expulsados de Estados Unidos, la mayoría interceptados por autoridades mexicanas antes de alcanzar la frontera norte.
Tegucigalpa, por su parte, recibe cada día, desde hace varias semanas, uno o dos vuelos desde la frontera norte de México con migrantes deportados, adultos y menores.
Rubén Figueroa, responsable de la región sur-sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), de gira como observador por los puntos de desembarque de deportados en Honduras, expresó a este diario: “Las expulsiones en masa son la respuesta a la reunión con Biden. Y eso que aún no se aplican las facultades discrecionales que el presidente (Barack) Obama pidió. (Este lunes, la Casa Blanca solicitó al Congreso autorización para que el Departamento de Seguridad Nacional “retire y repatrie” –son los eufemismos que usó– a los niños no acompañados a “países no contiguos”.)
Dejando a un lado la tragedia humana, lamenta Figueroa, también responsable de seguridad del albergue La 72, de Tenosique, Tabasco, Estados Unidos “está trasladando la crisis de los centros de detención de Texas a los de acogida de Honduras”.
Para Marta Sánchez Soler, directora del MMM, lo que los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) tratan de eludir es declarar este desbordamiento humano “como lo que es: un movimiento masivo de desplazados por la violencia, que debe tratarse como un caso de refugio, no con el estrecho criterio de migración indocumentada”.
Explica: “El cambio cualitativo se empezó a observar desde el segundo semestre del año pasado: cada vez más migrantes, cada vez más familias con niños, o niños solos. Y todos ya no siguiendo el famoso sueño americano, sino expresamente huyendo de la violencia que se ha enseñoreado en sus colonias y sus pueblos. Empujados por un sentimiento común: la desesperación”.
Atrapados
Organizadora de las caravanas de madres centroamericanas que desde hace más de 10 años vienen a México en búsqueda de migrantes desaparecidos en el trayecto, Sánchez Soler insiste en que el actual ya no es un flujo migratorio convencional, sino un “desplazamiento forzoso, o si se quiere usar un término técnico: una migración forzosa. Sus integrantes ya no dejan su tierra y a los suyos en busca del sueño americano, sino que salen huyendo, intentando salvar sus vidas”.
Las entrevistas y las estadísticas que se levantan sistemáticamente en el albergue de Tenosique, con el cual el MMM colabora estrechamente, vienen detectando desde el último trimestre del año pasado un elemento que antes no estaba presente: “La desesperación. Todos hablan de amenazas de muerte. Todos, hasta las madres con niños de brazos, refieren que su viaje es cuestión de vida o muerte. Antes encontrábamos a muchos que a medio camino se arrepentían y regresaban. Hoy nadie regresa”.
Insiste en su llamado al ACNUR y a los gobiernos involucrados a que avancen hacia una declaratoria de desplazamiento masivo por violencia y propongan, entre las soluciones, el asilo o refugio: “Conforme a todos los convenios internacionales, el interés superior del niño no es ser devuelto obligadamente al sitio de donde viene huyendo. Es la única forma de romper la trampa en la que están: no pueden avanzar ni pueden quedarse donde están, mucho menos pueden regresar. Están atrapados”.
Además, hay datos concretos que confirman que las amenazas son cumplidas con frecuencia con los migrantes deportados. “Hemos constatado en nuestras misiones de observación –dice Rubén Figueroa– que en las terminales de autobuses de San Pedro, Atlántida y La Ceiba, o en los puntos donde dejan a los deportados, hay vigilantes de las pandillas que están checando si regresan algunos de los que tienen vistos para engancharlos. O si encuentran a algunos que huyeron de la extorsión. Si los atrapan, les cobran las rentas vencidas. O los matan. No es exagerado decir que las deportaciones van a disparar estos crímenes”.
No es poesía decir que la migración es imparable
El escándalo de los niños migrantes no acompañados que atiborran las cárceles estadunidenses tuvo gran impacto en la prensa mundial cuando a la medianoche del 17 de junio tocaron con urgencia el portón de La 72, en Tenosique. Entre las sombras, Figueroa atisbó a una familia en la desgracia más completa. Una joven mujer paralítica, Digna Aracely; su bebé de siete meses, Pablo, y su marido, Pedro Pablo, venían de caminar toda la noche por veredas desde la frontera con Guatemala. Un joven tabasqueño los encontró en el camino y los guió con el faro de su motocicleta hasta el albergue.
Su historia, una más: Pedro Pablo poseía una pequeña frutería en San Pedro Sula y tenía que pagar, desde hace dos años, una suma mensual de extorsión a la pandilla local. Los aumentos frecuentes de la cuota lo llevaron a la quiebra. Los pandilleros lo abordaron: ahora tenía que usar su frutería como narcotiendita. Si no lo hacía, iban a asesinar a Digna, luego al bebé. Y al final él terminaría administrando la narcotiendita, no tenía escapatoria.
La tuvo, emigrando
A Rubén Figueroa no le gusta hablar de lo que le duele. “No me gusta chillar”. Pero reconoce la desazón que a veces le quita el sueño. Como la noche en que ayudó a una familia numerosa a abordar el tren. Al bebé lo subieron colgando de la cangurera al techo de La Bestia: 15 días de viaje infernal. En ese instante arrancó el tren. Se quedó largo rato en las vías, viendo la silueta del ferrocarril perderse en la bruma tropical, “batallando para no chillar”.
