Mauricio Ferrer
La Jornada
06 de agosto de 2014.- En siete años y 27 recomendaciones por tortura, emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), ningún funcionario público ha sido sancionado y las autoridades señaladas han optado por archivar tales casos, consideró Fernando Zambrano, director de seguimiento de la CEDHJ.
«No ha habido la voluntad ni el compromiso por escrito, de manera oficial de las autoridades competentes, para sancionar este tipo de delitos […]. No ha habido la sanción de las autoridades ni en procedimientos administrativos ni averiguaciones previas para poder erradicar la tortura. No basta con señalar o aceptar que existe, o que se capacite, tiene que haber sanciones ejemplares”, declaró Zambrano.
A lo mucho, las autoridades han suspendido con 30 días sin goce de sueldo a aquellos servidores públicos que han utilizado la tortura para buscar que alguien se declare culpable de un delito.
En lo que va de 2014, la CEDHJ ha emitido cinco recomendaciones por tortura:
- Tres han sido dirigidas al comisionado de Seguridad Pública que depende de la Fiscalía General del Estado.
- Una más fue al comisionado de Investigación de la misma FGE.
- Otra fue para el ayuntamiento de Degollado.
En mayo pasado, el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, aseguró en entrevista con La Jornada Jalisco, que no hay “ninguna recomendación por tortura para esta administración”. Las tres recomendaciones de la CEDHJ por esa práctica han sido aceptadas por la Fiscalía, detalló Zambrano.
Este es el video de la entrevista con Nájera Gutiérrez:
También en mayo pasado, la CEDHJ emitió la recomendación 13/14, en la que documentó que un notificador del poder Judicial había sido torturado por policías de Guadalajara, estatales y agentes de la Fiscalía Central.
Aún cuando Derechos Humanos solicitó una sanción para los oficiales involucrados, el Ministerio Público decidió que no había elementos suficientes para acreditar el delito de tortura y archivó de manera provisional la averiguación previa contra los señalados, de acuerdo con Zambrano.
A todo ello hay que sumarle que no en todos los casos en los que se habla de tortura, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) utiliza el Protocolo de Estambul, el cual firmó México, para determinar si hubo un castigo físico o psicológico hacia una persona por parte de cuerpos de seguridad pública.
«Desafortunadamente, no se aplica (el Protocolo de Estambul) de manera cabal en todos los asuntos. Y en los que se aplica, el Ministerio Público resuelve que no hay elementos suficientes y archiva el asunto”, añadió Fernando Zambrano.
Además de dejar secuelas físicas y psicológicas a quien le fue practicada la tortura, queda en entredicho el sistema de justicia. Quien ha declarado su culpabilidad bajo este método, puede quedar en libertad.
«En aquellos casos donde se logra acreditar que la declaración fue arrancada bajo tortura, puede traer como consecuencia que personas que presuntamente hayan delinquido, obtengan su libertad”, explicó el director de seguimiento de la CEDHJ.
