México, 9 de febrero 2016 (NOTIGODÍNEZ).- ¿A quién molesta el trabajo en el caso Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? ¿Quiénes quedan exhibidos, por enésima vez, como farsantes delincuentes con las investigaciones del GIEI?
El diario El Economista informó este lunes que reconocidos organismos internacionales, confirmaron la existencia de una «campaña de desprestigio coordinada» para desacreditar el trabajo del GIEI, ocultar la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y obstruir la justicia.
Es obvio que la campaña de desprestigio existe. La pregunta es: ¿coordinada por QUIÉNES? Y la respuesta es obvia para cualquiera dos ojos y tantita materia gris en la cabeza.
Según el citado medio, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron la existencia de dicha campaña negra en medios de comunicación y respaldaron la labor del grupo de expertos del GIEI, conformado por Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
«Los cinco expertos son reconocidos internacionalmente por su trabajo ejemplar en el ámbito de las investigaciones criminales, los derechos humanos y la atención a víctimas de violaciones a estos derechos», señala el testimonio de los organismos.
Medios de comunicación alineados al régimen usurpador de Enrique Peña Nieto, han filtrado calumnias e información tergiversada sobre los expertos, particularmente contra Ángela Buitrago, quien recientemente denunció la existencia de un «sicariato moral» que busca impedir que se conoca la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas.
Este sicariato se da en paralelo al «acuerdo» entre el régimen usurpador, la CIDH y los representantes legales de las familias de los estudiantes, para que los expertos propocionen asistencia técnica crucial en la investigación de lo sucedido con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, cuyo secuestro a manos de fuerzas estatales y federales el 26 y 27 de septiembre de 2014, configura una desaparición forzada y un crimen de Estado usurpado.
El Economista recordó que uno de los resultados más importantes del trabajo del GIEI, fue haber demostrado que los estudiantes no fueron calcinados a cielo abierto en un basurero de Cocula, como originalmente afirmó el régimen usurpador para cerrar el caso presumiendo su conclusión como «la verdad histórica».
No obstante, el régimen de Peña Nieto ha mantenido su obstinación en la defensa de esa versión, pese a que analistas de todo el mundo la desmintieron mucho antes que el GIEI. De ese modo, ha entorpecido sistemáticamente las investigaciones reales para dar con el paradero de los normalistas.
Entre las líneas de investigación propuestas por el GIEI, se encuentra el uso de los autobuses en Iguala para el narcotráfico hacia los Estados Unidos como un posible motivo de los ataques.
Asimismo, el GIEI requiere interrogar a los militares del 27 Batallón de Infantería apostado en Iguala, pues muchos de los soldados de ese batallón estuvieron presentes durante los ataques contra los estudiantes. Sus testimonios son cruciales para entender lo ocurrido y dar con su paradero.
Sin embargo, el régimen usurpador mexicano se ha negado categóricamente a permitir a los expertos recabar esos necesarios testimonios.
El acuerdo entre el desgobierno espurio de Peña Nieto y el GIEI vencerá en tres meses, por lo que la negativa del ejército a colaborar y la campaña de desprestigio en los medios, han funcionado para entorpecer el avance en las investiaciones siguiendo las nuevas líneas que proponen los expertos.
«Nos preocupa el silencio por parte del ‘gobierno’ de México frente a los ataques difamatorios que siguen saliendo en los medios de comunicación. Hacemos un llamado al gobierno mexicano a reconocer públicamente la importante labor de los expertos y dedicar el máximo esfuerzo para determinar el paradero de los estudiantes», señalaron las organizaciones internacionales que refrendaron su aval al GIEI.
Con información de El Economista
