México, 15 de abril 2016 (NOTIGODÍNEZ).- La «Secretaría de Comunicaciones y Transportes» (SCT) del régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, recabó ilegalmente datos personales y biométricos de los «beneficiarios» del costoso programa denominado «Transición a la Televisión Digital Terrestre» (TDT).
De acuerdo con el diario Reforma, se determinó que la SCT actuó deliberada e indebidamente durante la entrega de las televisiones –pagadas por todos los mexicanos–, al solicitar los datos personales de cada persona que acudió por su pantalla plana, recabando incluso datos biométricos como las huellas digitales y la fotografía.
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al servicio del propio régimen, se paró el cuello presumiendo que revisó el caso y determinó que la SCT, usurpada por el priista Gerardo Ruiz Esparza, «quebrantó los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, consentimiento y cuidado de los datos que recabó, administró y transmitió para entregar las televisiones digitales del Programa de Trabajo de TDT».
Nótense los ridículos eufemismos: «quebrantó los principios de licitud». ¿Qué significa eso? QUE VIOLÓ LA LEY, QUE ACTUÓ ILÍCITAMENTE. En una palabra: DELINQUIÓ, porque eso es lo único que sabe hacer un régimen, de suyo, ilegal: DELINQUIR.
En sesión plenaria, se determinó que la recopilación de las 10 huellas digitales de cada beneficiario y su fotografía, se realizó de manera indebida, pues no estaba prevista en el marco legal del programa. Asimismo, la dependencia del régimen usurpador no pudo especificar ante el Inai cómo resguardará adecuadamente los 11 millones de registros que incluyen nombres, domicilios, teléfonos y los mencionados datos biométricos.
Lo obvio salió a relucir: esos datos porán ser utilizados para los próximos FRAUDES ELECTORALES, especialidad del grupo criminal que actualmente usurpa el poder.
«Esta base de datos es altamente delicada, porque podrían correr peligro de filtración y, en un contexto de elecciones, parece que esto tiene todavía mayores preocupaciones para todos nosotros”, confirmó a duras penas el comisionado Francisco Javier Acuña.
El sujeto detalló que la SCT ya tenía la información necesaria y suficiente de los beneficiarios, obtenida a través de la «Secretaría de Desarrollo Social» (Sedesol). Sin embargo, en un acto a todas luces mañoso e ILEGAL, devolvió la base de datos a la dependencia usurpada entonces por la venenosa y corrupta Rosario Robles Berlanga, complementada con los datos biométricos que abusivamente recabó.
Hasta ahí la denuncia parece congruente. Ahora entramos, como siempre, al teatro del absurdo e impunidad llamado México, porque cuando son los propios delincuentes o sus cómplices quienes «investigan y sancionan», el único resultado posible es la simulación, la burla, y claro, la IMPUNIDAD.
Según Reforma, el Inai decidió «darle vista al Órgano Interno de Control (OIC) de la SCT para que, con base en sus facultades, inicie los procedimientos administrativos que correspondan».
TRADUCCIÓN: Que los propios criminales se den su manazo por delinquir y listo, caso cerrado. ¡A seguir delinquiendo!
Con información de Reforma
