México, 15 de febrero 2017 (NOTIGODÍNEZ).- Cómplices de criminales disfrazados de «jueces», avalando falsas leyes para justificar más represiones y masacres usando al pueblo uniformado. Otra escena más en el teatro del absurdo, la represión y el baño de sangre llamado México.
Lo hemos dicho en este medio alternativo una y otra vez: esos falsos «ministros» y «magistrados» —prevaricadores y asesinos de la verdadera justicia— son mucho peores que los delincuentes a los que legitiman desde los tribunales que están usurpando. Ellos llevan a cuestas todos y cada uno de los delitos que el régimen usurpador, al que avalaron, ha cometido desde que se impuso por la fuerza en 2012.
La «Suprema Corte de Justicia de la Nación» (SCJN) comenzará las deliberaciones para avalar el uso de la fuerza pública letal durante manifestaciones en el Estado de México, pese a que la disposición no sólo viola los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, sino que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos que decidan ejercerlos.
De acuerdo con el diario La Jornada, el proyecto de dictamen fue elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, basándose en una supuesta «indefinición de concepto que permite la actuación de las autoridades para controlar multitudes».
El proyecto prevé desechar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de Derechos Humanos del Estado de México y algunos «diputados» del Congreso mexiquense.
Según el dictamen, existe la posibilidad de que algunas manifestaciones sean consideradas «ilegítimas e ilegales» —como lo es el actual régimen usurpador de Enrique Peña Nieto—, lo que autorizaría el uso de la fuerza para disolverlas. ¿Y quién decidirá qué manifestaciones son «legítimas» y cuáles no? Claro, el «gobierno» en turno.
Fue en tal sentido que las mencionadas comisiones de derechos humanos interpusieron la demanda de inconstitucionalidad, pues la iniciativa deja al arbitrio exclusivo de la «autoridad» mexiquense la determinación discrecional de «ilegalidad» de cualquier manifestación.
La Jornada detalló que el proyecto de Pérez Dayán sólo propone invalidar el artículo 12, fracción III, incisos a y b, 24,25, 26 y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, que se refieren al uso de armas intermedias para neutralizar la resistencia activa o agresiva, sin precisar a qué tipo de armas se refiere, dejando a discreción de la autoridad su uso; sobre la violación al derecho a la reinserción social y que el sistema penitenciario respete los derechos humanos, particularmente de los adolescentes.
En cambio, valida el artículo 14 que autoriza a las corporaciones de seguridad emplear uso de la fuerza para controlar multitudes y disturbios públicos, sin establecer los casos que se consideren como alteraciones del orden y la paz social, ni limitar el tipo de armas a utilizar por la fuerza pública, sean letales o no.
De esta manera se allana el camino «legal» para facilitar la represión rumbo al fraude electoral del próximo año, así como el aniquilamiento de las resistencias en defensa de la tierra y contra los despojos de recursos naturales para los grandes proyectos trasnacionales de la muerte.
Con información de La Jornada
