Martín Hernández Alcántara
La Jornada
Mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) se negó a atender a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a tres visitadores para investigar la represión ejercida por la Policía Estatal el miércoles.
Los emisarios del organismo nacional arribaron puntuales –a las 22 horas– a esta junta auxiliar de Ocoyucan, donde obtuvieron los testimonios de algunos vecinos y del edil subalterno, Javier Montes.
Pasadas las 23 horas se incorporó a la reunión la diputada federal por Puebla del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Roxana Luna Porquillo, Hilario Alonso y otros líderes de la organización nacional Los de Abajo.
Los declarantes mostraron a los visitadores los proyectiles que usó la fuerza pública en su contra: contenedores de gases lacrimógenos, balas de goma y una suerte de torpedos de plástico negro de unos 20 centímetros de largo.
Cuando algunos contenedores fueron manipulados por los presentes, el polvo escapó y por algunos minutos tuvieron que salir de la oficina donde se efectuaba el cónclave. La legisladora Luna fue una de las más afectadas.
En contraste a la actuación de los visitadores de la Comisión Nacional, el personal de la CEDH se comprometió a acudir a la presidencia auxiliar a las 17 horas, pero pasadas las 19 les notificaron que simplemente no acudiría ningún visitador.
Paradójicamente, el miércoles pasado, unas horas después del choque entre granaderos y vecinos de esta junta auxiliar de Ocoyucan, la CDH aseguró mediante un comunicado que había iniciado investigaciones por los hechos.
Las autoridades de Chalchihuapan afirman que son al menos 100 las personas heridas por los oficiales, de las cuales seis se encuentran en estado grave y una en franco peligro de muerte. Se trata del niño José Luis Alberto Tlautle Tamayo, de 13 años de edad, quien a decir de sus familiares y vecinos, recibió un impacto de bala de goma en la frente.
Sobre lo que sucedió al infante, Moreno Valle ha dicho que la culpa de la lesión es de los pobladores, que utilizaron a sus hijos como “escudos”.
“Lo lamentable es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma. El gobierno tiene que responder y, sobre todo, con protocolos y policías lastimados que dan cuenta, además, de que aquí hubo agresiones fuertes en contra de la autoridad. Pero, insisto: el punto fundamental son los ciudadanos que tienen que trasladarse a su casa, a cualquier actividad y que se ven afectados (por el cierre de vías de comunicación), ellos son los que están violentando el Estado de Derecho”.
Cuestionado sobre el uso de la fuerza pública y las armas que se emplearon para despejar la autopista, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que la actuación de los cuerpos policiacos se ciñó por completo a los protocolos legales:
“La ley que se aprobó en Puebla se aplica y se aplica con protocolos y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra. En este sentido, nosotros avalamos cualquier tipo de libertad de expresión, cualquier manifestación, todas son igual de respetables para el gobierno de Puebla. Sin embargo, siempre deben de conducirse por los cauces adecuados”.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública afirmaron que el menor fue lesionado por un cohetón que le lanzaron sus propios vecinos durante el enfrentamiento.
Testigos de los hechos y familiares de Tlautle Tamayo aseguran que la herida fue causada por una bala de goma.
La CDH informó que “como parte de las diligencias realizadas por visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (…) este organismo recabó la queja de la madre (del menor), quien describió la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que señaló a la Policía Estatal como la autoridad responsable de la agresión donde resultó lesionado su hijo”.
El organismo añadió que el diagnóstico médico del niño se integró a la queja de oficio, radicada en el folio 2475.
Lo cierto es que el Hospital General Sur, donde permanece internado el menor, está resguardado por la fuerza pública para evitar que los familiares y médicos que lo atienden tengan contacto con los medios.
Por la noche, a la reunión con los visitadores de la CNDH fue invitada Alejandra Montes Ocotl, abuela del niño, quien relató que funcionarios del gobierno estatal han presionado a la madre del menor, Elia Tamayo Montes, para que deslinde a la Policía de la lesión e inculpe a los vecinos.
Incluso mencionó que uno de esos servidores públicos le presentó a la progenitora un documento para que lo firmara, avalando la versión oficial de los hechos.
“Los que dispararon al niño fueron los policías y ahora quieren que digamos mentiras de que fue la gente, pero eso no es la verdad”, expresó la abuela.
Aquí las pruebas.
Fractura expuesta
Otro herido de gravedad es el comerciante Martín Romero Montes, quien recibió un impacto en la mandíbula derecha que le causó una fractura expuesta.
Familiares, amigos y vecinos relataron a esta casa editorial que la atención médica le fue negada en varios nosocomios públicos, por lo que tuvieron que internarlo en una clínica particular de Atlixco.
Los pobladores consideran que el caso de Romero Montes es una prueba contundente del uso de armas no autorizadas por parte de la Policía Estatal en la confrontación del miércoles. Por tal motivo, la gente que hizo grabaciones en video y tomó fotografías del herido comenzó a distribuirlas este jueves entre los pocos medios que le han dado cobertura al asunto, y también las publicaron en las redes sociales.
