Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de migrantes denunciaron el asesinato a mansalva de dos compañeros, el pasado domingo 23, y responsabilizaron al Estado mexicano [será al «gobierno», porque el Estado es otra cosa que se está confundiendo] por no haberles brindado protección, pese a que habían recibido amenazas del crimen organizado.
En conferencia de prensa, el padre Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante Belén, localizada en Saltillo, Coahuila, señaló que el caso de los hondureños Adrián y Wilson se suma a los ataques que sufren cada día los activistas, en especial aquellos que defienden a los migrantes ante la inoperancia de órganos del Estado, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Migrantes.
Los voluntarios fueron baleados por “dos o tres hombres” que ya los esperaban afuera de la casa de Adrián, luego de que ambos acudieron al basurero municipal de Tequixquiac, Estado de México, para distribuir alimentos gratuitos y dar primeros auxilios a centroamericanos que viajan en “La Bestia”.
En conferencia de prensa, Jorge Andrade y Andrea González, integrantes del Colectivo Ustedes somos Nosotros, informaron que los hondureños formaban parte del voluntariado que trabaja con su organización, a la que se unieron después de que los tres albergues en los que daban asistencia a migrantes cerraron sus puertas por amenazas del crimen organizado y el hostigamiento de vecinos y autoridades municipales.
Luego de destacar que otros cuatro protectores de migrantes han sido asesinados y seis defensores cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, González sostuvo que Adrián tenía seis años como voluntario, entregando alimentos a migrantes, y Wilson renunció a su deseo de llegar a Estados Unidos para apoyar al primero.
En el ataque armado, Adrián recibió tres impactos de bala y perdió la vida mientras era trasladado en la ambulancia. Wilson, con cinco balazos en el cuerpo, sobrevivió alrededor de 10 horas y falleció en el hospital la madrugada del lunes 24.
Ese día el primero fue velado por sus familiares, en tanto que el cuerpo de Wilson se encuentra en el anfiteatro en espera de ser enviado a Honduras.
Jorge Andrade narró que en febrero pasado “un grupo de maras intentó asaltar a 20 migrantes que estaban en el basurero, quienes se armaron de valor, se defendieron, retuvieron a uno de ellos (los maras) y lo entregaron a la policía, que lo dejó libre antes de llegar al Ministerio Público”.
De esos hechos, apuntó, Adrián y Wilson fueron testigos, presentaron una denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y dieron parte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (CEDHEM).
Jorge Andrade responsabilizó a autoridades federales y estatales de la muerte de los dos voluntarios porque “no hicieron caso de las amenazas que habían recibido por escrito y en sus celulares. No investigaron a los grupos del crimen organizado que intimidaron y amenazaron a los integrantes del Colectivo que nos obligaron a cerrar albergues y comedores en el Estado de México”, apuntó.
De acuerdo con el padre Pedro Pantoja, actualmente 66 albergues de migrantes se encuentran bajo amenaza del crimen organizado, “que ven en quienes dan de comer o aliento a los migrantes para que continúen su camino, una amenaza de su negocio de muerte y dolor, porque ellos ven a los migrantes centroamericanos como mercancía”.
El sacerdote denunció que tanto migrantes como sus defensores son víctimas del crimen organizado y de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que están coludidas con las bandas delincuenciales.
“¿Por qué nos asesinan, si somos la esperanza de los migrantes de América Central?”, preguntó el sacerdote. Y agregó que las muertes de Adrián y Wilson “profundizan la crisis humanitaria que venimos arrastrando y ponen en mayor vulnerabilidad a los migrantes”.
Por su parte, Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), responsabilizó al Estado mexicano “por haber generado un contexto de vulnerabilidad en el corredor migratorio Lechería-Huehuetoca-Tequixquiac-Apazco-Bojay. Por lo pronto, identificamos con responsabilidad al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a los municipios y a la CDHEM, que sabían lo que estaba pasando y no actuaron en consecuencia”.
En su oportunidad, Arturo González, director del Servicio Jesuita a Migrantes, criticó que a pesar de las reformas a la Ley de Migración, el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dedicado a “cazar” a los indocumentados.
Remató: “Las policías estatales, municipales y federales tienen operativos para perseguir a los migrantes con fines de deportación, sin atacar a las bandas del crimen organizado que se dedican a secuestrar, extorsionar y perseguir a migrantes”.
