Norma Trujillo Báez
La Jornada
Ellas conocen las leyes, tienen de 15 a 18 años de servicio, pero desde el 4 de agosto fueron desplazadas de su área laboral, sin una acta de por medio, sin aviso previo por la misma institución encargada de aplicar las leyes en el estado de Veracruz, no hay liquidación ni acta de despido, todo indica que a los magistrados del Poder Judicial del Estado les gusta hacer mobbing o acoso laboral en contra de sus trabajadoras y ya tienen historia: hace dos años, Griselda también fue despedida sin justificación, su lucha le ha llevado a abandonar el país y su caso ha sido ingresado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Son seis abogadas que después de regresar de las vacaciones de verano encontraron su escritorio ocupado por otras personas, han pasado 20 días, en las que no ha habido explicación. Llegan a su hora de entrada como si aún trabajaran en el Poder Judicial del Estado, sacan sus sillas en los pasillos, allí permanecen hasta que dé la hora de salida, porque lo que no quieren es que les levanten acta de abandono laboral, “como ha sucedido con muchas excompañeras”, dijo Amelia, una de las afectadas, de quien se reserva su nombre.
“Estamos siendo desplazadas, se nos están violando nuestros derechos laborales, se nos está violando la protección a nuestros derechos humanos que dicta el Artículo 1° constitucional, lo sabemos, la Convención Americana de los Derechos Humanos nos da esa garantía y ese derecho, a la seguridad del trabajo y a la seguridad social. Pero hay otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege el derecho laboral, privilegiando el trabajo de las mujeres y va más allá, el derecho de las mujeres posnatal y en estado de maternidad”.
Son tratados que México ha signado y, sin embargo, los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz los están soslayando, están despojando de su fuente laboral a un grupo de mujeres, pero además con muchos años de servicio, algunas tienen 18 años de servicio”. Aunque ellas conocen las leyes, tienen miedo de enfrentarse al poder.
Y el miedo surge porque ya hicieron recorrido por las instancias que pregonan la igualdad y género, han solicitado diálogo a la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Veracruzano de la Mujer y a ninguna de estas instancias les parece importar la situación que viven estas profesionistas.
“Acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), le expusimos la situación a la encargada de atención a mujeres y grupos vulnerables y ella abrió el expediente DAM-0813-2014, fue una queja interpuesta el viernes 15 de agosto de este año y no ha pasado nada, el procedimiento es muy simple: si se abrió una queja tendría que pedir los informes a la autoridad contra la que nosotros estamos recurriendo y que decimos que nos está violando los derechos humanos y de ahí tomar una decisión, notificarnos que está investigando, pero no se nos responde nada”, sostuvo Amelia.
“Nos sacaron de los lugares sin decir nada, simplemente hoy llegaste y tu lugar está ocupado, estamos siendo víctimas de mobbing o acoso laboral porque sin una notificación, sin un abrir una falta administrativa, nadie nos informa cuál es nuestra situación laboral, nos quitan del lugar y nos relevan hombres, familiares de magistrados”.
Pero el problema no sólo lo tienen las seis empleadas desplazadas desde que regresaban de sus vacaciones de verano, hay más casos, y varios de ellos coinciden que cuando se convierten en madres de familia los magistrados las corren, a pesar que hay escalafón y carrera judicial, “hay una tendencia misógina del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, y del magistrado, integrante del Consejo de la Judicatura, Raúl Pimentel Murrieta”, acusó otra de las afectadas.
Así las empleadas que estaban adscritas a las salas 3ª, 4ª y 5ª Constitucional, están conscientes que para que las puedan desplazar o correr, se los tienen que comunicar fundada y motivadamente como lo establece el Artículo 16; pero además como trabajadores de base se tiene que respetar el derecho laboral.
También denunciaron que a algunas compañeras las han llamado los magistrados Raúl de la Huerta, Reynaldo Madruga y Fernando Guzmán Calvo, pero en el diálogo las han obligado a firmar su renuncia y les entregan el oficio en donde les notifican que ya no hay una relación laboral con el Poder Judicial del Estado.
El Poder Judicial ha violado las normativas: la Ley Estatal del Servicio Civil se aplica a Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y al reglamento interno, y se establece que cuando una persona de base es despedida de su fuente de trabajo tiene derecho a una indemnización más 20 días por cada año de servicio, más aguinaldo y las prestaciones protegidas por la propia legislación.
Es una cuestión de derechos humanos, la protección al desempleo, una discriminación hacia las mujeres, la mayoría son madres solteras, son jefas de familia en donde sus padres dependen de ellas, tienen hijos menores, por lo que no sólo ponen en riesgo a la trabajadora, sino también a su bebé.
Otra de las mujeres despedidas, quien también pide anonimato, cuestiona: “¿después de 15 años, cuando entran a un estado de maternidad, pasa algo? ¿Por el hecho de ser madre de familia ha disminuido mi capacidad para desempeñar una función?, yo así lo siento, eso piensan, que por eso nos están sacando de nuestro trabajo”.
Hace dos años dos compañeras se fueron porque el magistrado presidente de la sala, en ese entonces Raúl de la Huerta les dijo que ya no tenían cabida y se fueran a su casa, se fueron y después regresaron para pedir su liquidación pero ya las actas de abandono de trabajo estaban hechas. Ellas demandan ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y les dice que ellas son las que abandonaron el empleo, ya que el Poder Judicial del Estado presenta actas de abandono de trabajo.
Por ello, ellas, quienes han sido secretarias de Estudio y Cuenta, proyectistas, programadoras, siguen sentadas en los pasillos para que no exista ningún elemento que justifique el mobbing de los magistrados, porque éstos parecen desconocer el protocolo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigió a quienes imparten justicia en materia de equidad y género.
El caso de Griselda en la CIDH
El pasado mes de junio la asociación Pridicam MobbingMadrid, interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, en apoyo de una empleada pública mexicana. “Griselda, fue despedida en el año 2012, de la administración pública de México, donde ingreso a la edad de 18 años, después de otros tantos en su labor de funcionaria. Actualmente mantiene litigio en la última instancia”.
Griselda Herrera López trabajó en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, fue despedida en enero del 2012 por la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, al igual que el Secretario de Acuerdos y otra proyectista. Su función era la de secretaria de estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada Gladys, comisionada de Sala Superior, para apoyarla en el trabajo.
Griselda por ser madre soltera tuvo que aguantar una serie de insultos y de vejaciones que jamás había recibido a lo largo de su carrera judicial, la magistrada le repetía constantemente frases como: “eres un fracaso como mujer”, “la lic. Alhelí y tú son mi vergüenza”, “no quiero llevar en mi conciencia el que te quedes sin trabajo porque sé que tus hijas comen de esto”, “el abogado (x) es mejor que tú, tal vez porque sea hombre”, así dieron salida al Secretario de Acuerdos, Alfredo Ortega Zárate con 16 años de servicio y Alhelí Antonio Feria con 12 años de servicio judicial. Y todo ello, era porque las plazas en el Poder Judicial del Estado se quedan entre amigos y familiares, y las obligan a renunciar.
