México, 14 de junio 2020 (NOTIGODÍNEZ).- Poco antes de concluir el nefasto régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, el entonces “titular” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó eliminar de la denominada Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a cientos de personas físicas y morales que se hallaban bajo múltiples investigaciones por lavado de dinero, lo que permitió a familiares de narcotraficantes, empresas fantasma, factureras, priistas y otros delincuentes de la más baja ralea, recuperar miles de millones de pesos.
Así lo reveló hoy el portal Aristegui Noticias en una extensa investigación titulada “Operación Hermes: Así descongelaron las cuentas al Cártel de Sinaloa y a otros grupos del narco”, del periodista Ignacio Rodríguez Reyna y el equipo de Investigaciones Especiales que encabeza la connotada comunicadora.
Según la mencionada investigación, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas pese a la sospecha de que funcionaban como puntos de lavado de recursos de procedencia ilícita. Así, tras ejecutarse la orden del entonces titular de la UIF, Orlando Suárez López, miles de millones de pesos y dólares fueron liberados para beneficio de personas y empresas ligadas a diversos cárteles mexicanos de la droga.
Fue el 4 de junio de 2018 a las 17:47 horas cuando un empleado de Orlando Suárez López ingresó al sistema electrónico Hermes, la plataforma informática oficial de la UIF, para enviar el requerimiento 110/E/564/2018 y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), eliminar de la LPB a “cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios de que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades ilícitas”.
Tras ejecutarse la orden, personas y empresas ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) recuperaron acceso a casi MIL 100 MILLONES DE PESOS y otros 18 MILLONES DE DÓLARES de recursos que se hallaban bajo investigación. Entre los beneficiarios se encuentra el primer círculo familiar y de operadores de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”; de Rafael Caro Quintero y de Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.
La “cortesía” de la UIF peñista benefició también a empresas vinculadas a la famosa Estafa Maestra –miles de millones de pesos de recursos públicos de dependencias federales desviados a través de ocho universidades públicas–, a cientos de compañías factureras, las que López Obrador ha prometido erradicar este sexenio; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
“Es complicado identificar cada uno de los casos, brincar de registro en registro, ubicar un nombre, el papel que desempeñaron en operaciones de lavado de dinero, confirmar, revisar archivos de autoridades de Estados Unidos, etcétera”, admitió el periodista que desarrolló la investigación.
Pese a ello, su extenso reportaje incluye más de una decena de documentos oficiales, así como los nombres de las personas físicas y morales que recuperaron los recursos millonarios gracias a esa última puñalada del régimen peñista, al igual que su antecesor, también espurio, Felipe Calderón Hinojosa, penetrado hasta la médula por el crimen organizado.
Con información de Aristegui Noticias
