Jorge Escalante
Reforma
Acayucan, Veracruz (04 agosto 2014).- Migrantes cubanos denunciaron que los médicos Jorge Valencia y su esposa Anel del Carmen Ramírez, adscritos a la estación migratoria en esta ciudad, cobran por brindar atención médica a quienes esperan su deportación.
Un cubano que lleva cuatro meses en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) relató que cuando enfermó y solicitó apoyo médico, los agentes le negaron el servicio.
Sin embargo, fue hasta que sus compañeros lo reportaron como delicado cuando se llamó al doctor Valencia López y a su esposa para que prestaran el servicio el cual debe ser gratuito para los indocumentados retenidos.
«Cuando me vio, en lugar de atenderme, me empezó a insultar. Me acusó de fingir mi enfermedad y me amenazó con inyectarme. Le informé que padezco de dolores abdominales intensos desde hace varios meses y se burló de mí. Me dijo que estaba embarazado», relató el indocumentado.
De acuerdo con el cubano, el médico le exigió 500 pesos por atenderlo.
«Le dije que no tenía dinero, pero además que era su obligación darme consulta porque estaba detenido en la estación migratoria. Entonces me inyecto, pero no dejó de insultarme y no me dio medicamentos», agregó.
Grupo REFORMA publicó que agentes del INM son acusados de tejer una red de corrupción que incluye extorsión a familiares de centroamericanos y venta de mariguana en el interior de la estación migratoria.
Personal del instituto señaló al director comisario de la estación, Horacio Alcocer, y al agente Alberto Bravo como las personas que integran la red.
Agentes migratorios aseguraron que los médicos son protegidos por el director comisario y que reciben su salario pese a que pasan días sin llegar a laborar a la estación.
«No checan, y en ocasiones no acuden en una semana a trabajar, pero su salario lo reciben íntegro», acusó un agente.
Además de los cubanos, una indocumentada guatemalteca denunció que la agente María del Carmen Cruz Jiménez sustrae las pertenencias de los retenidos y pide dinero a las mujeres recluidas en la estación.
«Cuando llegué lo primero que me dijo es que tendría que cooperar con ella y me quitó 600 pesos y un anillo», relató la mujer.
La guatemalteca dijo que no se les permite denunciar ninguna irregularidad a los superiores o al agente del Ministerio Público Federal.
«Estamos como secuestradas. No tenemos derecho a denunciar la corrupción que hay aquí. Nos amenazan y además no nos permiten tener contacto con alguna autoridad», acusó.
