Óscar Alzaga*
La Jornada
Todo el mundo sabe que Germán Larrea es el segundo millonario de México, que se oculta a la prensa y tv y que hizo su fortuna a la sombra del Estado, con gobiernos que privatizaron la minería y los ferrocarriles y los entregaron como regalo. Lo que menos se sabe de él es el odio que profesa a los mineros. Pese que a les debe su fortuna, formada con la explotación del trabajo, bajos salarios y prestaciones, la ínfima inversión en seguridad e higiene en las minas, exponiendo la vida y la salud de los obreros.
A nadie escapa que él y el gobierno de Fox provocaron la tragedia de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, por la negligencia patronal de no cumplir con sus obligaciones de seguridad en las minas del carbón, las más peligrosas de toda la minería, y por la pésima actuación del gobierno de obligar a los patrones a cumplir con las normas de seguridad.
El Grupo México de Germán Larrea se ha opuesto desde 2006 hasta hoy a que se rescaten los cuerpos de 63 mineros, de los 65 muertos en Pasta de Conchos, por todos los medios: amparos, demandas, peritajes, maniobras, etcétera.
A pesar de haber perdido Grupo México el amparo el 4 de diciembre de 2013 en el segundo tribunal colegiado en materia civil, nos enteramos el 11 de julio de 2014, por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que la empresa tiene “múltiples recursos legales” que impiden el rescate de los cadáveres hasta hoy.
“Un dictamen que elaboró el gobierno de Fox un año después”, en realidad se trata de un dictamen del gobierno de Calderón, hecho por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, del 5 de octubre de 2007, que carece de valor probatorio, ya que el foro es una institución dependiente del Ejecutivo y carece de independencia, por tanto, de imparcialidad para emitir un dictamen pericial, como lo exige el artículo 17 constitucional.
Lo cierto es que el poder del segundo millonario se sigue imponiendo, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación 26/2006, hizo ver que el rescate de los cadáveres mineros es un derecho humano básico, con base en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, a la vez que es un derecho a la dignidad humana. Los peritos expertos peruanos de la CNDH, sí independientes, señalaron en la recomendación que: “es evidente que la empresa no venía operando bajo los criterios de seguridad para el funcionamiento de la minas del carbón”, y que: “existen evidencias técnicas que permiten señalar la corresponsabilidad de la autoridad laboral por no hacer cumplir las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente”.
¿Y por qué se aferra tanto el Grupo México a que no se rescaten los cuerpos ocho años después? ¿Será porque su dueño es inhumano o, como dicen, odia a los mineros? ¿O será porque hay algo detrás del rescate? ¿Que se sepa la verdad y la responsabilidad patronal y de las autoridades?
Lo cierto es que la tragedia de Pasta de Conchos de 2006 llevó en 2007 al sindicato minero a exigir preventivamente en otras tres minas del Grupo México el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, esa exigencia obrera se tradujo en tres emplazamientos a huelga por violaciones a los contratos colectivos, ya que hasta la Secretaría de Trabajo sabía las peligrosas condiciones de las minas.
Pero como Germán Larrea ya había decidido intervenir el sindicato minero a través de sus empleados Elías Morales, Martín Perales y Miguel Castillejas, con el apoyo del gobierno de Fox impuso el cambio de toma de nota del sindicato, retirándola a Napoleón Gómez Urrutia y otorgándola a Elías Morales el 17 de febrero de 2006, para que con 300 golpeadores el mismo día asaltaran la sede sindical. Después Fox intentó tomar por la fuerza de la PFP el centro de trabajo Las Truchas el 20 de abril de 2006, siendo rechazados por los mineros, con dos muertos y decenas de heridos. Ver “Recomendación 37/2006” de la CNDH.
El 12 de febrero de 2007 el sindicato minero gana el amparo que retira la toma de nota a Larrea-Morales y la devuelve a Gómez Urrutia y a los mineros. Lo que sirve de pretexto para que desde el 30 de julio de 2007, cuando se inician las huelgas de Taxco, Sombrerete y Cananea, se niegue el Grupo México por la vía conciliatoria a resolver las huelgas, oponiendo increíbles recurso legales e ilegales en los tres casos, hasta llegar al colmo en el gobierno de Calderón, de colocar a su abogado Gómez Mont como secretario de Gobernación.
Paralelamente, Grupo México, a través de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (blancos) de Monterrey, demandó la titularidad de los contratos colectivos de ocho secciones y de ocho minas propiedad de Larrea, para que con agilidad sorprendente el 5 de julio de 2007 recibiera las demandas la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y señalara el 5 de septiembre a las 7 de la mañana todos los recuentos que notificó al sindicato minero el 3 de septiembre.
Las tres huelgas han resistido un sinnúmero de agresiones: declaraciones de inexistencia a granel, incidentes innominados para dar por terminadas las relaciones de trabajo en Sombrerete y Taxco; que la imputabilidad pase a ser un derecho patronal; dar por terminadas las relaciones de trabajo en plena huelga “por causas de fuerza mayor” en un juicio que duró horas con todo y laudo; notificar la inexistencia en Cananea con la PFP con órdenes de desalojo de los huelguistas; demandar la titularidad de contrato colectivo en plena huelga en Sombrerete; agresiones de golpeadores a los huelguistas de Sombrerete; el chantaje con dinero para que los obreros abandonen la huelga; campañas de publicidad de desprestigio del sindicato minero y su dirigente, etcétera.
De 2006 a 2012 Grupo México intentó en un juicio laboral dar por terminadas las relaciones de trabajo, por el agotamiento de reservas de la mina de Taxco, lo que jamás pudo probar, pese al apoyo de los gobiernos.
No obstante, las tres huelgas mineras han resistido con dignidad y unidad, siguen en Taxco y Sombrerete, y la de Cananea –que el gobierno de Calderón le cerró las puertas de la justicia aquí– está en la Comisión Interamericana de Derecho Humanos.
El 26 de octubre de 2011, en la 29 Convención Internacional de Minería, Calderón festejó la “derrota” de los mineros de Cananea. Dijo: “Qué bueno que pudo imperar la razón y la ley”. Sin aclarar por qué si cerró las puertas de la mina en huelga “por causas de fuerza mayor”, las abrió meses después, desapareciendo por arte de magia las supuestas “causas de fuerza mayor”.
Tampoco han aclarado por qué los contratos colectivos que dejaron de ser del sindicato minero, al pasar a la CTM en Cananea o a los sindicatos blancos por los “triunfos” de titularidad, los volvieron de protección patronal, renunciando a los avances logrados por los mineros. Esos contratos de protección patronal ya están en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el caso 2694, por el daño que han causado a los derechos sindicales y colectivos del trabajo.
Las tres huelgas mineras son ya una muestra heroica de resistencia y dignidad.
* Coordinador de la ANAD y miembro de la ALAL
