Patricia Mayorga
Proceso
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Una vez más los indígenas rarámuri y tepehuanes de la Sierra Tarahumara exigieron frenar la sistemática violación a sus derechos humanos, pero ahora incluyeron una denuncia por el fallecimiento de 22 personas: 19 niños y adolescentes a quienes no se les proporcionó a tiempo el medicamento necesario, y tres mujeres que perdieron la vida por complicaciones durante el parto en la comunidad de Choreachi, del municipio de Guadalupe y Calvo.
La directora de la asociación Alianza Sierra Madre, Isela González, urgió a hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, luego de señalar que Guadalupe y Calvo forma parte de los municipios “beneficiados” con la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Este lunes, representantes federales y el senador Javier Corral Jurado participaron en la segunda reunión de la Caravana de Justicia en la Sierra Tarahumara, impulsada por indígenas de cuatro municipios en respuesta a los constantes abusos de autoridades y empresarios que, aseguran, no sólo han contaminado el agua de sus comunidades, también los han despojado de sus tierras, o al menos lo han intentado, y les han retirado apoyos gubernamentales, además de alterar su forma de vivir.
Las comunidades que asistieron a la Caravana son: Colorada de la Virgen, Choréachi y Mala Noche, del municipio de Guadalupe y Calvo; Bacajipare, Huitosachi y Mogótavo (Urique); Bosques de San Elías-Repechique (Bocoyna) y Tewerichi (Carichí).
Frente a la problemática originada por el desarrollo de proyectos turísticos, económicos y mineros, y la amenaza de despojo por la reforma energética, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, dio a conocer que la Consejería Jurídica de gobierno federal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el enlace legislativo trabajan en el elaboración de la Ley de Consulta Indígena.
Además, insistió que el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos, recién promulgada, protegerá a los pueblos indígenas para que no resulten afectados por la extracción de hidrocarburos.
Dicha ley establece que la Secretaría de Energía debe realizar una consulta previa, libre e informada en los pueblos y comunidades indígenas donde se desarrollen proyectos de la industria de hidrocarburos, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias.
La consulta debe efectuarla la Secretaría de Energía o dependencias responsables, no las empresas, y el mecanismo será decidido junto con las comunidades indígenas.
Sobre las demandas específicas de las comunidades de la entidad, el comisionado informó que tienen una ficha por cada una de ellas, de acuerdo con cada problemática. En el caso de los conflictos agrarios, tardarán más por el mismo proceso judicial, pero ya se analizan en el Poder Judicial.
Martínez Veloz destacó la forma en que se organizaron las comunidades que acudieron al Distrito Federal porque –subrayó– es una manera eficaz para visibilizar y exigir a las autoridades una solución.
“Es un mecanismo efectivo para articular a los pueblos con organismos de la sociedad civil. El tema indígena es una de las áreas donde se concentra mayor pobreza, casi el doble del promedio nacional, es decir, más de 70%”, precisó.
De acuerdo con el comisionado, ha sido difícil que las autoridades entiendan y acepten el derecho a una consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, porque les ha causado escozor, pero es su obligación cumplirla porque ya es un mandato constitucional.
Además, en abril de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó un protocolo que establece que la consulta debe hacerse en lengua materna y el método debe construirse junto con la comunidad. Los protocolos de discusión, añadió, deben ser de carácter técnico, financiero y de protección al medio ambiente.
Asimismo, reconoció que hay una actitud sistemática y cultural de las autoridades, que viola los derechos de los pueblos indígenas, para realizar proyectos sin avisarles ni consultarlos.
De igual manera, informó que tienen un mapa de 200 conflictos en el país, por lo que existe una enorme tensión para solucionar esos problemas de confrontación.
“Ven (las autoridades) a los indígenas como un estorbo, los tratan de reprimir o cooptar, en lugar de verlos como socios. Ha habido resistencia porque hay muchos intereses, pero la Ley de Consulta puede ser la regla del juego, como en el caso de la minería”, indicó.
Sobre la amenaza de exploración y extracción del gas shale, aseguró que se dará más en el norte, pero no lo podrán hacer si las comunidades no quieren.
Y mientras Macario Ramos Durán, primer gobernador de Choreáchi, exigió una solución a los conflictos por la amenaza del despojo de tierras en su comunidad, Luis Pérez, representante de la comunidad de Repechique, pidió una solución a los problemas que han surgido por la construcción del aeropuerto de Creel y de un gasoducto que pasa por la comunidad.
Corpus Requejo Rascón, primer gobernador de Huitosachi, también pidió una solución a la añeja problemática de contaminación del agua por parte de hoteles turísticos en el proyecto Barrancas del Cobre.
Según el senador Javier Corral, los trabajos en las meses continuarán hasta encontrar soluciones.
