Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El empresario mexicano y exproveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Susumo Azano Mansura, enfrenta 26 cargos en Estados Unidos por financiamiento ilícito de campañas, falsificación de registros, sobornos y hasta posesión de armas, según la fiscalía del Distrito Sur de California.
De acuerdo con la acusación, el dueño de Security Tracking Device y sus cómplices formaban parte de una conspiración para canalizar el dinero de Azano a diversas campañas y comités políticos, pese a que la ley federal establece que es ilegal que un extranjero haga donaciones de ese tipo en EU.
El empresario mexicano –quien suministró a la Sedena tecnología y equipos de comunicación de alto impacto para el servicio de espionaje, con ganancias superiores a los 5 mil millones de pesos– donó de manera ilegal alrededor de 600 mil dólares para las campañas de varios aspirantes a la alcaldía de San Diego, California.
Sobre los otros delitos, la acusación detalla que José Susumo posee una Sig Sauer P225 semiautomática y que para ingresar a algunas compañías estadunidenses sobornó a los empresarios, hechos que van en contra de la ley en Estados Unidos.
También se le acusa de conspirar para cometer infracciones, donaciones y contribuciones extranjeras, así como de falsificación de recursos.
La fiscalía reveló que el mexicano entregó recursos a las campañas de secretario de la ciudad de San Diego, a la Comisión Federal de Elecciones y al secretario de Estado de California.
El caso también involucra a Ravneet Singh, dueño de la consultoría de campañas políticas ElectionMall, y al ‘lobbyist’ local Marco Polo Cortes, cada uno de los cuales enfrenta 20 o más años de prisión, dependiendo del cargo.
La fiscalía precisó que aglutinará los casos de todos los involucrados en uno solo, aunque las acusaciones no precisamente estarán dirigidas a todos por igual.
El empresario mexicano, dueño de Grupo Azano SA, un conglomerado de compañías de construcción y seguridad en Guadalajara, Jalisco, fue detenido el 19 de febrero. Dos semanas después fue arraigado en su casa de San Diego tras pagar una fianza de 5 millones de dólares.
La Fiscalía insistió en mantener a Azano en prisión, pero el juez Mitchel D. Dembin aceptó liberarlo, aunque sujeto a múltiples restricciones.
Además de pagar la fianza de 5 millones de dólares –4 millones 750 mil fueron garantizados con un inmueble y los 250 mil restantes depositados en efectivo–, el empresario tuvo que entregar todos sus documentos de viaje y migratorios, y quedó sujeto a monitoreo por GPS por parte de funcionarios de la Corte para el Distrito Sur de California.
