Paula Carrizosa
La Jornada
La llamada #LeyBala es un ejemplo del retroceso legislativo que existe a nivel mundial, de la regresión autoritaria que pone en riesgo los incipientes mecanismos democráticos y pone además en tela de juicio la viabilidad de un sistema que busca más el consenso que el disenso, señaló Leopoldo Maldonado Gutiérrez, miembro de la organización internacional Artículo 19, la cual forma parte del recién formado Frente por la libertad de expresión y la protesta social que integran varias organizaciones y asociaciones civiles.
Al participar en el foro “Pensar, decir y manifestarse: los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones”, que se realizó ayer en la Universidad Iberoamericana de Puebla, el abogado dijo que esta ley forma parte de una tendencia internacional que busca criminalizar a la protesta y a quienes participan en ella.
Acompañado por Lucila Quintero Rosas, hija de Enedina Rosas Vélez, y el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, además de Simón Hernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Roberto Alonso, secretario del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Maldonado Gutiérrez señaló que uno de los problemas centrales es que no existe una definición legal de la protesta.
Mencionó además que la tendencia de ir contra la protesta es un asunto global, “con sus propios tiempos a nivel nacional y regional”. “Ahora se ha recrudecido en países como España, Estados Unidos, Canadá o Argentina; es una regresión que es legislativa y se va a los hechos”.
Leopoldo Maldonado notó que en el caso de México la criminalización de la protesta no inició el 1 de diciembre de 2012 –en la capital del país, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia–, aunque sí fue una fecha que marcó su criminalización.
“Como en el caso de Enedina Rosas, el derecho penal se usa para castigar a quienes disienten, inventándoles delitos, sin escrúpulos y sin presunción de inocencia, sino castigándolos políticamente”.
En particular, sobre la #LeyBala notó que al contrario de lo sucedido hace unos días en Chiapas donde el Congreso derogó la ley antiprotesta, en Puebla “se ha tendido una cortina de humo diciendo que se abrogará, sin decir cuándo, quizá cuando salga una igual, mostrando lo que es el absurdo por parte del poder público”.
Maldonado Gutiérrez notó que existe una estigmatización sobre la protesta: que rompe el orden público y la seguridad; que es sinónimo de conflicto y disenso; que el espacio público que ocupa es exclusivo para los automóviles y no para la circulación política, y que sus ciudadanos no son sujetos de derecho, sino “anarquistas”.
“La protesta –prosiguió el especialista– nace como una crítica hacia el Estado, el cual debe responder porque sabe que hay una asimetría social, pero al contrario, se cierra en el debate, viendo a los ciudadanos como parte de la protesta que dejan de ser sujetos de derecho.
“Es necesario entender la protesta como una forma de participación de la vida política, ya que la democracia no es un asunto que se constriñe a lo electoral, sino que es diálogo y consenso”, concluyó Leopoldo Maldonado.
Enedina Rosas está presa por el respeto que le tuvo a su gente, dice su hija
Lucina Quintero Rosas, hija de Enedina Rosas Vélez, quien hasta hace unos días fuera comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan y presa desde el 6 de abril en el Cereso de Atlixco, narró los diversos acosos, engaños y amenazas que recibió su madre antes y durante su detención, por no autorizar la venta de terrenos y el derecho de paso para la construcción del gasoducto comprendido en el Plan Integral Morelos.
“Lo que vengo es a pedir la libertad de mi mamá y a platicar sobre la situación por la que está presa, ya que está ahí por una causa que hasta el momento no es clara, que yo creo se debe a que ella tuvo honestidad a su gente, porque respetó la decisión de no permitir el paso al gasoducto. En el fondo –continuó– que esté encarcelada por su defensa por la tierra, por no querer que el gasoducto pasara por el ejido”, dijo.
Visiblemente triste y nerviosa, la hija de Enedina Rosa contó cómo su mamá fue víctima de acoso y hostigamientos, “de engaños que la hacían venir a Puebla”, de una “presión directa” por parte del gobierno estatal, para que firmara y se pudiera continuar con la obra.
“Su decisión fue siempre la misma: respetar a su pueblo. Ello ocasionó que esté presa, porque era una opositora y la tenían que quitar de en medio, acusándola por el robo de dos celulares cuando la gente sabe que no fue así, que fueron crímenes que le están poniendo para retenerla. Eso es lo que le interesa al gobierno, no le importa que sea inocente ni que sea mujer, simplemente usar cualquier recurso valiéndose de su dinero y su poder.
“La detuvieron como un criminal –prosiguió– estando en funciones cuando iba a una junta a San José Teruel, rumbo a (Izúcar de) Matamoros; la bajaron del vehículo con violencia e insultos y la pasaron directamente al reclusorio femenil. Al día siguiente, me dijeron que sufrió un accidente aunque yo sabía que no lo era”.
Con la voz entrecortada, Lucina Quintero pidió justicia y exclamó un alto a la represión, porque le da “tristeza que los gobernantes, en vez de que nos cuiden, son nuestros peores enemigos”.
“Es lamentable que una ley provoque la muerte”
El presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, señaló que “es lamentable que una ley provoque la muerte”; ello, en referencia a la #LeyBala propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada con prontitud por el Congreso local.
Al hacer un recuento de lo sucedido el pasado 9 de julio cuando habitantes de la comunidad fueron agredidos por cuerpos policiacos, en un enfrentamiento que terminó en la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatlie, dijo que se trató de “una verdadera película de terror”.
De manera concisa, Montes Bautista hizo una crónica de lo sucedido aquel día. “Todo comenzó a las 12 del día, cuando la gente salió a la autopista Atlixco –Puebla por la inconformidad del retiro del registro civil. Durante dos horas todo estuvo tranquilo, la protesta eran algunas cartulinas y un par de mantas”.
Continuó que alrededor de las 14 horas ya se venían a unos 500 granaderos al otro lado de la carretera y que uno de ellos, sin identificare, les dijo que dejaran de estorbar, a lo que los manifestantes contestaron “que ya mero se iban, que los dejaran”. Minutos después, viendo su celular, el mismo policía les mencionó: “No puedo, tengo órdenes específicas”.
Dicha frase para Montes Bautista solo refleja una cosa: “que los policías no iban a desalojar una marcha sino a reprimir a Chalchihuapan”, ello porque después del acercamiento, inició el enfrentamiento y la persecución por parte de los uniformados, que “comenzaron a disparar y la gente, asustada por el gas, se metió al pueblo”.
“Dispararon balas de goma y otros artefactos en el pueblo, mismos que la gente recogió y ahora son pruebas. Es seguro que la orden no era desalojar sino reprimir porque no se detuvieron. En el momento en que le dispararon al niño y se corrió la noticia, la gente dejó de correr y le entró el coraje; entonces, regresó para ir en contra de los policías.
“Es increíble cómo el gobierno no acepta su culpa cuando el niño murió, cuando Martín (Xelhua) perdió el habla y otro muchacho, Hugo, el ojo, y ellos dicen que son piedras, algo que causa mayor enojo e ‘indignidad’ (sic)”.
El edil auxiliar dijo que es claro que “ellos”, el gobierno estatal, tienen que sostener una versión, algo que se denota en el gasto oneroso que ha habido en publicidad. “La gente sabe lo que pasó y no va a parar. Yo tengo orden de aprehensión liberada, no tengo miedo, lo peor que le pudieron haber hecho a mi comunidad ya se lo hicieron: matarnos a un niño”, concluyó.
