Rosa Rojas
La Jornada
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) solicitó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, acciones inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de la defensora Silvia Pérez Yescas, fundadora de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), quien ha recibido agresiones e incluso amenazas de muerte desde 2010, la última el pasado 19 de agosto.
En carta pública, la organización le menciona al funcionario que sólo en los seis primeros meses de este año, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca ha documentado 59 ataques contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas y el Diagnóstico 2012 «Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica» realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, coloca a Oaxaca como el estado con el mayor número de agresiones contra defensoras.
La RNDDHM integrada por 168 defensoras de derechos humanos de 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal detalla que
el pasado 19 de agosto, Pérez Yescas fue contactada por una persona cercana, quien le informó que en la comunidad de San José Río Manzo, San Juan La lana, Oaxaca, estaban ofreciendo dinero para matarla “…cuídate mucho están dando cien mil pesos por asesinarte…”.
Señala que el hecho fue denunciado el 25 de agosto en la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (FIDTS) bajo la averiguación 14/FIDTS/2014, pero las autoridades informaron a la defensora que si la persona de confianza que proporcionó dicha información no denuncia, ellos no pueden hacer nada. Esto «evidencia la falta de compromiso y el condicionamiento de las autoridades estatales para garantizar la seguridad de la defensora, quien –como es de conocimiento de las autoridades- desarrolla su labor en defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y los pueblos indígenas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo permanente», afirma.
Agrega que la defensora ha recibido la presencia en su casa de personas que se han identificado como policías. De igual forma, sus vecinos fueron interrogados por personas desconocidas sobre la ubicación de la defensora y su familia. Sin embargo, al informar y cuestionar a la FIDTS sobre el envío de los policías, «ésta respondió a la defensora que no ha existido ninguna diligencia ministerial en este sentido».
Menciona que en días recientes, Silvia Pérez Yescas y sus abogados, revisaron la carpeta de investigación que contiene todos los incidentes de seguridad y agresiones que la defensora ha recibido desde el año 2010 a la fecha, y a pesar de haber pasado un año de iniciada, únicamente se tenían registradas dos diligencias, a las que recientemente se han sumado dos más. «Aunado a ello, las agresiones permanecen impunes, evidenciando así la omisión de las autoridades de procuración de justicia del Estado de Oaxaca para que la defensora pueda acceder de manera pronta y sin condiciones a la justicia».
En febrero de 2014, menciona la red, la defensora informó a las autoridades correspondientes sobre su regreso al estado de Oaxaca, luego de haber permanecido desplazada de su comunidad poco más de un año, debido a que en enero de 2013 la casa de la defensora fue rodeada por más de diez personas que iban con lámparas y armas de fuego, intentaron entrar, cortaron cartucho y amenazaron con asesinarla enfrente de su hijo, lo que derivó en su desplazamiento; pese a ello, subraya, Silvia no obtuvo respuestas eficaces por parte de las autoridades del Estado de Oaxaca, ni del Mecanismo del Gobierno Federal.
Afirma que la Pérez Yescas tuvo que hacerse cargo de la mayoría de los requerimientos necesarios para su regreso, el cual no contó con los protocolos de seguridad. De entonces a la fecha, es la defensora quien primordialmente se ha hecho cargo de su protección y la de su familia.
De igual forma, dicho proceso ha carecido del apoyo de las autoridades para garantizar la reinserción de la defensora en su comunidad en condiciones de seguridad, ya que las medidas que desde el gobierno estatal se implementaron, fueron insuficientes. Son las organizaciones de la sociedad civil quienes han apoyado el retorno de la defensora.
Denuncia que a lo largo de este tiempo, «tanto las autoridades estatales como federales han argumentado la falta de recursos para la implementación de medidas de protección eficaces. Lo que evidencia la falta de voluntad política y de coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno».
