Fermín Alejandro García
La Jornada
La comisaria ejidal de Felipe Xonacayuca, Enedina Rosas Vélez, cumplió hace un par de días cinco meses de estar presa por oponerse al gasoducto Morelos y en la medida en que pasa el tiempo se pone en evidencia la ilegalidad y la discriminación con que se sigue el proceso penal en su contra, pues hasta ahora sus ocho acusadores son unos “fantasmas”, ya que ninguno de ellos ha comparecido, todos están desaparecidos y la autoridad poco hace para localizarlos.
Sin contar lo inverosímil que resulta la acusación de que esta mujer de la tercera edad en una manifestación agredió a un grupo de policías y se robó dos teléfonos celulares, mismos que le dio tiempo de destruir.
De acuerdo al proceso penal que se le sigue a esta mujer campesina, el trabajador José Ali Reyes Méndez, quien laboraba en la empresa de capital italiano Bonatti, la acusó de robarle un teléfono celular y otro más de la compañía.
Según la acusación, el supuesto hurto cometido por Enedina Rosas fue visto por siete trabajadores de la misma empresa, mismos que fungen como testigos de que presuntamente la comisaria ejidal se apoderó a la fuerza de los aparatos, mismos que acabó destruyendo.
Por cierto, ninguno aclara cómo estando en una pronunciada ventaja numérica frente a la fémina no impidieron el robo y solo lo observaron.
Ahora resulta que ni el acusador directo de la comisaria ejidal ni el numeroso grupo de testigos aparecen y ninguno de ellos ha comparecido ante el juzgado de Atlixco, que es donde está radicada la causa penal.
Primero se le buscó en una dirección del kilómetro 115 de la autopista México–Puebla, ubicado en la comunidad de Coronango, en donde oficialmente estaba el área de relaciones públicas de Bonatti, que es la encargada de construir el gasoducto Morelos.
Y resulta que ahí ya no se encuentra la compañía y la única referencia que se encontró es que los directivos se fueron a otro estado del país.
A todos los que firmaron una declaración para incriminar a Enedina Rosas se le ha buscado oficialmente cinco veces, por lo cual ya se determinó una sanción económica en su contra y existe la advertencia de que se podría utilizar la fuerza pública para que comparezcan.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que los ocho nombres han sido buscados en el directorio de la Sección Amarilla, en los padrones de Comisión Federal de Electricidad, de Teléfonos de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en ninguno de éstos aparecen, como si se los hubiera tragado la tierra o simplemente nunca existieron.
Un dato importante es que otro de los presos por el tema del gasoducto es Juan Carlos Flores Solís, quien era vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, a quien se le acusa de robo y de obstrucción de una obra pública, y por este segundo ilícito aparecen dos testigos, que son los mismos que están en el proceso contra Enedina Rosas Vélez.
Lo raro es que en el proceso de Juan Carlos Flores esos dos testigos sí fueron localizados y notificados de que debían comparecer ante un juzgado, para luego desaparecer.
Tal situación plantea dos hipótesis:
1. Que por alguna razón extraña existe un mejor trato al preso Juan Carlos Flores y es probable que pronto se le dejará en libertad. Algo que llama la atención es que personas cercanas a este hombre siempre han sido recibidas en audiencia en la Secretaría General de Gobierno, lo que no ocurre con los interlocutores de los otros dos detenidos por el asunto del gasoducto.
2. Que esos dos testigos comunes, que aparecen en los proceso de Enedina Rosas y Juan Carlos Flores, por pura suerte fueron localizados y notificados antes de que los desaparecieran o ellos decidieran desaparecerse.
Otro dato importante es que Bonatti oficialmente tuvo hasta el año 2011 permisos locales para operar como empresa, mismos que ahora no están vigentes, pese a que construye el gasoducto.
Por tanto, si oficialmente no está asentada la empresa en Puebla y los trabajadores que aparecen como testigos contra Enedina Rosas Vélez son de una compañía sin un domicilio oficial, se estaría ante una situación en que esos testigos falsearon su declaración al reportarse parte de una firma sin una sede real.
Por donde se vea, queda claro que el proceso legal contra Enedina Rosas Vélez es una farsa.
Y que esta mujer es una presa política del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas por el simple hecho de expresar el sentir de los campesinos de su núcleo ejidal que, con sobradas razones, se oponen a que una obra ponga en riesgo sus vidas, sus tierras, sus comunidades, su estilo de vida.
