Mientras los sonorenses se mueren de sed por la sequía y la contaminación de la poca agua que hay, cortesía de Germán Larrea.
Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, ordenó una investigación para saber si la presa que se ubica en terrenos del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos de construcción respectivos.
En conferencia de prensa, el funcionario federal precisó que se realizará una visita de inspección para saber si también hay afectaciones a terceros.
En caso de que no se cuente con los permisos o concesiones se actuará conforme a la ley para su clausura, subrayó Korenfeld, luego de que los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acusaron al gobernador de Sonora de construir de manera ilegal una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia.
En respuesta, Padrés pidió la renuncia de los delegados de las tres dependencias “por haber juzgado sin mediar investigación en el caso”.
El mandatario estatal aseguró que César Lagarda, Jorge Flores Monge y Jorge Suilo, delegados federales de Conagua, Profepa y Semarnat, respectivamente, fueron “irresponsables y faltos de ética al prejuzgar sin ningún tipo de investigación sobre el represo propiedad de la familia Padrés.
El rancho Pozo Nuevo cuenta con aproximadamente tres mil hectáreas, de las cuales 60 son dedicadas al cultivo de forrajes ganaderos y tiene una huerta de 300 hectáreas de árbol de Nogal, según un reportaje transmitido la noche del jueves 4 en televisión nacional.
Este miércoles, el director de la Conagua precisó que tras la recopilación de imágenes aéreas del río Sonora de enero de 2010 a marzo de 2012, ordenó la visita de inspección para determinar las características de obras en el lugar que puedan determinar informes sobre los escurrimientos que ha tenido la cuenca en los últimos años y valorar los riesgos a la población.
“En primer término se requirió las imágenes aéreas para determinar si había infraestructura en ríos y arroyos y en qué año. Estamos estableciendo las imágenes sobre el arroyo Manzanal y el Río Bacanuchi. En enero de 2010 se ven los cauces en donde no hay cuerpos ni represas”, dijo.
Korenfeld detalló que en primer término se solicitó que el organismo de cuenca poniente verificara la documentación de estas represas que fueron denunciadas por los delegados de Profepa, Conagua y Semarnat.
En marzo de 2011, apuntó, se empieza a ver una infraestructura y en marzo de 2012 ya cuenta con agua y cortina y se puede apreciar un acueducto. “El cauce ya está derramando agua, lo que no hacía hace unos días”.
Añadió: “Entre hoy y mañana se va a verificar lo que vamos a hacer en la visita de inspección conforme lo dice la ley de aguas nacionales. Derivado de la inspección se les pedirá a los propietarios la información de los permisos”.
El titular de la Conagua manifestó que esa dependencia actúa en apego a la ley sin importar que sean personas físicas o morales.
La visita, señaló, es para verificar el uso de las aguas nacionales, superficiales y subterráneas, la ocupación de zonas federales y los cauces de propiedad federal.
“La visita tiene como objetivo, uno, saber si tiene el permiso para la ocupación de zona federal; dos, si se cuenta con concesión o permiso de cauces de aguas nacionales, en especial sobre el arroyo el Manzanal, el Río Bacanuchi y el río Sonora; tres, permiso para construir una obra en zona y cauce federal; cuatro, concesión para el uso de aguas nacionales superficiales, y cinco, si no hay afectaciones a terceros y de riego en ruta del río”.
En caso de que haya anomalías, Korenfeld advirtió que primero se clausurará la obra y luego se liberará el recurso del agua para los usuarios que tengan el derecho, y en caso de no tener el permiso se destruirá la presa.
Ayer, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, expulsó del Comité de Operación de Emergencias a los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa y los declaró interlocutores no válidos, luego de que éstos calificaron como ilegal la presa construida recientemente en el rancho Pozo Nuevo del mandatario.
“El presidente de ese consejo es el gobernador del estado o su representante, y seguiremos al frente de ese consejo, pero de ninguna manera considero yo como un válido representante a ninguna de esas dependencias y a los señores delegados“, afirmó Padrés en conferencia de prensa.
“No son bienvenidos, que manden algún otro representante de la misma dependencia, menos a esas personas que han actuado de mala fe y con dolo”, dijo.
En un comunicado de prensa, el Ejecutivo estatal subrayó que las acciones de los funcionarios federales mostraron un claro interés político al hacer los señalamientos.
Agregó que además del daño moral a él y a su familia, deben dejar sus puestos porque no pudieron contener el derrame de 40 millones de litros de solución ácida a los ríos Bacanuchi y Sonora, asunto sobre el que Padrés guardó silencio durante 20 días, y sólo alzó la voz hasta que se dio a conocer el tema de la presa en su rancho.
