Ernesto Martínez Elorriaga
La Jornada
Morelia, Mich. Las comunidades purépechas de Capácuaro, San Lorenzo, Caltzontzin, Angahuan, Corupo, del municipio de Uruapan, exigen la salida de la nueva policía Fuerza Rural, porque no toleran que instale retenes en los accesos a sus poblaciones y “cometan una serie de abusos”, como ocurrió el pasado 11 de septiembre en San Lorenzo, donde hubo un conato de violencia porque los rurales pretendían revisar a todo taxista que ingresaba a la población, violentando el libre tránsito.
Los comuneros se organizaron y pidieron la salida de la Fuerza Rural, que ellos identifican como autodefensas, y advirtieron que de no salir, tomarían las armas. Más tarde, en una mesa de negociación, los mandos de Fuerza Rural se comprometieron a dejar el paso libre. Sin embargo, las cinco comunidades acordaron regirse bajo usos y costumbres en materia de seguridad.
El alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, dijo que más de 40 mil indígenas que viven en este municipio se niegan a que se les detenga y se les revise en su propio territorio, y ya han advertido que si la Fuerza Rural continúa en este lugar, los propios habitantes de San Lorenzo la echarán de esta región ubicada a unos 30 kilómetros de Uruapan.
Al igual que en Cherán y alguna comunidad de Paracho, los comuneros de la región de Uruapan insisten en que los dejen defenderse de acuerdo con sus usos y costumbres. “Deben saber que cuando vayan (los policías) a la cabecera municipal, hay reglas que se tienen que respetar”.
Respecto a las comunidades que extraen madera de tierras que no son suyas, Macías, coordinador de los ediles prístas de Michoacán, destacó que “no basta con bloquear carreteras o manifestarse en las alcaldías para presionar a las autoridades y conseguir la liberación de quienes cometen delitos”.
Dijo que está de acuerdo en que las comunidades indígenas se organicen para brindar seguridad a sus habitantes de acuerdo con sus usos y costumbres, “pero tampoco se pueden mantener ajenos ante un mandato nacional o estatal”.
Es común que las comunidades indígenas estén divididas, afirmó el alcalde, porque así como hay gente que quiere designar a sus propios elementos de seguridad, hay quienes prefieren que sea el estado y la Federación la que se encargue de esta labor, pero es algo que se tiene que resolver, porque lo mismo ocurre en comunidades de otras regiones purépechas donde no admiten la intromisión de gente extraña en sus pueblos.
Desde hace más de una década, las regiones purépechas de La Meseta, La Cañada de los Once Pueblos, La zona Lacustre y la Ciénega de Zacapu, fueron afectadas por la delincuencia organizada.
