José Manuel Zevallos P.
La Jornada
La historia de los abusos del Grupo México no parece tener fin. El consorcio, como dueño de múltiples explotaciones mineras, copropietario de líneas aéreas y accionista de muchos otros negocios, se especializa en lograr grandes utilidades a costa de imponer a sus empleados peligrosas e inhumanas tareas y de cometer toda clase de violaciones a las Leyes Mexicanas, siempre aliado con funcionarios corruptos del régimen en turno y contando con la complicidad de otros capitalistas de sentimientos semejantes.
El señor Germán Larrea -segundo capital del país- ha cometido, cualquier cantidad de delitos ecológicos: Se hizo famoso, hace apenas unos años, el 19 de Febrero del 2006, por el desastre criminal de la mina Pasta de Conchos, en el cual perdieron la vida, 64 mineros: En primer lugar, por la reiterada negativa de los propietarios de la misma, para adoptar oportunamente las medidas de protección a que estaban legalmente obligados, según quedó establecido en las actas oficiales, levantadas ante las autoridades del trabajo y firmadas por los representantes, tanto del Sindicato de Mineros, como de los propietarios. Posteriormente, la familia Larrea se opuso al rescate de los cadáveres de los mineros, para que no se pudiera probar que fue la explosión de los gases acumulados en el tiro de la mina, lo que causó la muerte e incineración de los restos de los mineros, y con ello, la grave responsabilidad que les correspondería enfrentar a los propietarios y que solo les preocupa a los Larrea, por el monto de las correspondientes indemnizaciones que deben entregar a los familiares de los fallecidos
Los abusos del Grupo México han continuado después del lamentable episodio de Pasta de Conchos. La semana pasada, la prensa nacional dio cuenta pormenorizada del criminal derrame de cuarenta mil metros cúbicos de tóxicos en la mina Buenavista Del Cobre, filial del mismo Grupo México que es además, propietario, de doce minas mas, entre ellas: la Caridad, Santa Bárbara, Santa Rosita, Charcas y una nueva planta en San Luis Potosí.
El problema ahora es que dichos tóxicos contaminaron el curso de los Ríos Sonora y Bacanuchi y tal contaminación representa un grave peligro para más de cuarenta mil habitantes de la zona, irrigada por esas vías de agua, entre ellos, veintidós mil pobladores de los Municipios de Arizpe, Banamichi, Baviácora, Heug pac, San Felipe, Aconchi y Ures. Debe considerarse además, que esa numerosa población depende totalmente para su consumo de agua potable, de los mencionados ríos y de los pozos que abastecen sus aguas.
La emergencia ha pasado así a ser un verdadero desastre regional y ha obligado al gobierno a tomar, (contra su evidente voluntad), medidas radicales para tratar de evitar males muchos mayores.
Las irremediables consecuencias colaterales no se han hecho esperar: Han aflorado las complicidades del Grupo México con las autoridades que debieron vigilar y prevenir accidentes semejantes; han quedado a la luz las actitudes siempre abusivas y prepotentes del grupo de Larrea, evidenciadas especialmente por las declaraciones de éste, negándole importancia al sucedido, en las primeras horas del desastre. Por último, el gobierno ha adoptado medidas espectaculares y aparentemente enérgicas, como la de exigir a la Minera que establezca de inmediato, un fondo de Dos mil millones de pesos, suma que, a ojo de buen cubero, ascienden los daños directos, causados por el derrame. Por otro lado, no se han hecho esperar las protestas de las organizaciones de ciudadanos afectados; las representaciones de los partidos políticos, significativamente los de izquierda, protestando por la evidente insuficiencia de la suma a que asciende el fondo, teniendo en consideración los enorme gastos que suponen la remediación de los daños causados a los ríos, que deben ser limpiados además en todos sus respectivos cursos y por último los graves daños que puedan resultar a la salud de los habitantes que por necesidad o desinformación ya ingirieron las aguas contaminadas. Al respecto, calificados especialistas han señalado que la aspiración de esos gases sin la debida protección, puede incluso costar la vida o graves lesiones a los trabajadores así expuestos.
Cabe mencionar también que, en el territorio afectado, no existen fuentes alternas para el aprovisionamiento de agua potable de la población dañada, de su ganado y de la fauna regional, por lo que la alarma es más que justificada. Por lo pronto, la Mina ha sido clausurada, la población exige que sea para siempre y no se les exponga más a la ambición de los Larrea y sus amigos influyentes. La pregunta lógica que se ocurre ahora es : ¿Y para que sirven nuestras autoridades, tan complacientes con los adinerados inversionistas que subordinan “todo” a sus intereses económicos sin reconocer siquiera su compromiso con la sociedad a la que pertenecen?. ¿Será acaso desinteresada o ingenua su complicidad criminal con los Larrea?. Por última, así las cosas y toda proporción guardada: ¿Qué nos espera entonces con las transnacionales petroleras y sus alianzas demoniacas?
