Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La madrugada del 5 de diciembre de 2010 una mujer peregrinó por los hospitales General Dr. Enrique Cabrera, Materno Infantil de Cuajimalpa y de la Mujer porque perdía líquido amniótico y ya presentaba trabajo de parto.
Sin embargo, ninguno la quiso recibir bajo el argumento de que carecían de personal especializado, servicio de ultrasonido y requería de una cesárea porque ya presentaba sangrado vaginal y no tenían los medicamentos para atender al bebé y podría morir.
Como última opción, la paciente acudió al Hospital General “Dr. Gregorio Salas”. Ahí, un ginecólogo “le informó que el bebé estaba bien aunque ya no tenía líquido amniótico, pero que había que esperar a que muriera en el vientre porque estaba muy pequeño y en caso de que no lo expulsara, le provocaría el parto”.
Al día siguiente, los médicos informaron a su esposo que el bebé nacería en la madrugada del 7 de diciembre, dos días después de que solicitaron la atención. Y, sí, la mujer expulsó al producto ese día, aunque sin asistencia médica pues ni la ginecóloga ni la enfermera de guardia le ayudaron.
Cuando la doctora en turno la revisó, le dijo “ya salió y sin revisar al niño lo arrojó de la altura de la cama a una cubeta de patada (sic)”. De inmediato inició el trámite para el certificado de defunción y se lo entregó al padre.
Sin embargo, en el área de Patología, cuando los policías auxiliares José Alfredo Álvarez Sánchez y Adela Santiago Ruiz se disponían a poner el brazalete de identificación al cuerpo del niño, se dieron cuenta de que estaba vivo.
De inmediato, por el sistema de voceo llamaron a la doctora responsable, pero ésta no atendió. Los uniformados avisaron a la dirección del hospital y fue entonces cuando ésta acudió, pero repetía: “Se va a morir”.
El recién nacido fue hospitalizado porque tenía un gran hematoma en la cabeza. Contrario al veredicto de la doctora, el menor vive, pero sufrió un daño neurológico secundario de por vida. La Secretaría de Salud del DF sólo le otorgó un pase directo al Centro Teletón para su atención.
La anterior es una de las 18 historias de negligencia médica documentadas por la Comisión de Derechos Humanos del DF de 2009 a 2013 en 14 centros de salud y hospitales de la red sanitaria del DF. Dichos casos sirvieron de sustento para integrar la Recomendación 05/2014 contra la Secretaría de Salud (Sedesa) que encabeza Armando Ahued Ortega.
Las víctimas por la indolencia médica van desde recién nacidos hasta menores de 14 años. De ellos, 10 murieron y dos más quedaron con una discapacidad de por vida.
Este miércoles, la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo, presentó la recomendación en la que se acredita que personal de la red sanitaria del DF incurrió en una mala práctica médica, certificó de manera incorrecta expedientes clínicos y brindó un trato deshumanizado a los pacientes y sus familiares.
Según la recomendación, las violaciones a los derechos humanos se dieron en los hospitales generales “Gregorio Salas” y “Enrique Cabrera”, los materno infantil de Cuajimalpa y de Xochimilco; los pediátricos de Moctezuma, Tacubaya, Azcapotzalco, Iztacalxco, legalria, Peralvillo, La Villa y Coyoacán, además de los centros de salud de tercer nivel de atención “Luis Mazzotti Galindo” y “Manuel Cárdenas de la Vega”.
En el documento abundan los casos de menores que llegaron a los hospitales con fiebre alta, apendicitis, bronconeumonía o leucemia avanzada. Existe el caso de un menor que tuvo quemaduras de primer y segundo grado en 23% de su cuerpo provocadas cuando la enfermera lo bañó con agua muy caliente y luego culpó a la madre del menor.
Lotería de la mala suerte
En los testimonios contenidos en la recomendación 05/2014 se leen algunas de las respuestas de los profesionales de la salud a los quejosos, tales como: “¿Quién sabe más, usted que es una señora de casa o yo?” o bien, las que comparan la atención médica con “la lotería de la mala suerte”.
Es el caso de un niño de 9 años que ingresó al Hospital Pediátrico de Coyoacán el 4 de marzo de 2012. Llevaba síntomas de apendicitis y fue operado. Sin embargo, presentó dolor en la herida y fue intervenido por segunda vez. Como no mejoró, lo trasladaron al Hospital Pediátrico Moctezuma, donde los médicos opinaron que no era necesario operarlo de nuevo.
Al regresar a Coyoacán, el 13 de marzo le abrieron la herida para limpiarla y cortarle 20 centímetros de intestino. Al salir de la cirugía le colocaron un respirador artificial, pero, según los médicos, al moverlo de la camilla a la cama se desconectó “accidentalmente” el respirador y le provocó un paro cardiaco.
“Oiga señor, ¿usted cree en Dios?”, preguntó el médico al padre del niño. “Le voy a decir una cosa: Ni modo, ustedes ganaron en la lotería de la mala suerte, así les tocó. De los accidentes que pasan en un hospital, de un 100% nosotros tuvimos la mala suerte, jugaron la lotería de la mala suerte y ganaron. Pídale mucho a Dios que su dijo se salve”.
El niño murió 12 días después “y su cuerpo fue llevado a un lugar donde había cosas almacenadas”, dice la queja.
El 16 de diciembre del 2011, otro menor con tres días de nacido ingresó al Hospital Pediátrico de La Villa porque vomitaba mucho y tenía deshidratación. Como este nosocomio estaba en remodelación y sus médicos, de vacaciones, lo llevaron al Pediátrico de Moctezuma, donde lo operaron por un problema en el intestino. Tras poca mejora, lo operaron de nuevo y le colocaron una sonda para alimentarlo, además de tres catéteres: dos en la pierna y uno en el cuello.
Permaneció más de un mes en el hospital hasta que su tía lo visitó y observó que tenía el brazo derecho vendado y sus dedos morados y fríos. Los médicos dijeron que era normal porque le colocaron un catéter debajo de la axila.
El 23 de enero de 2012 por la tarde, los médicos avisaron a los padres del menor que lo llevarían al pediátrico de Coyoacán para hacerle un ultrasonido en su brazo. Ahí se dieron cuenta que con el catéter le perforaron un vaso sanguíneo.
Sin el expediente clínico de por medio ni la solicitud de consentimiento informado de sus padres, la directora del Pediátrico de Coyoacán pidió el traslado urgente al Hospital General de México, donde le amputaron el brazo debido a un “inadecuado seguimiento de una venopunción”.
A poco más de dos meses de nacido, el niño murió el 22 de febrero debido a “un cuadro séptico”.
Indemnización
Bajo este panorama de quejas, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, aseguró que a los menores víctimas les violaron sus derechos humanos a la salud, al nivel más alto de supervivencia y desarrollo, a preservar su integridad personal –no ser víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes– y a una vida libre de violencia y violencia institucional en el ámbito de la salud.
Por ello, el organismo recomendó a la Secretaría de Salud que, a más tardar en un año indemnice a las víctimas directas e indirectas, por daño material e inmaterial, y que en un plazo máximo de tres meses, incluya a las víctimas que así lo requieran, a los programas sociales del gobierno capitalino de su elección.
En tres casos específicos, pidió designar a un servidor público que tramite una beca escolar para los menores que dure hasta el nivel medio superior donde estudien.
Para los dos menores a quienes se les provocó una discapacidad, la CDHDF pidió que la Sedesa se coordine con dependencias del GDF y organizaciones civiles para que en un plazo máximo de un año, se diseñe un Programa inclusivo-educativo que atienda sus necesidades individuales de su desarrollo académico y social y que éste se actualice constantemente hasta que las víctimas cumplan 25 años o concluyan su educación profesional. Además, deberá incluir un programa de concientización en las comunidades y entornos escolares sobre la discapacidad.
Entre las recomendaciones se incluye el otorgamiento de una cantidad mensual de manutención alimentos y gastos relacionados con su discapacidad, la inclusión a programas de rehabilitación y que se les facilite la obtención gratuita de prótesis. Además, se pide garantizar en cada caso y por escrito, la atención médica y psicológica necesaria y gratuita en la institución pública o privada que los padres elijan.
La CDHDF también pidió a la Sedesa elaborar un diagnóstico de los Centros Hospitalarios y Centros de Salud de la red y mejorar sus servicios, particularmente en el área materno-infantil, así como dar capacitación en derechos humanos a su personal, entre otras medidas.
