Ciro Pérez Silva
La Jornada
La alta especulación de predios con servicios fomenta el desplazamiento de sectores de la población que no alcanzan a cubrir “el precio de vivir en la ciudad” hacia espacios periféricos, para favorecer a la población de mayores posibilidades económicas, denunciaron 38 organizaciones civiles de la ciudad de México.
Aunado a lo anterior, advierten que los efectos de la política habitacional aplicada en todas las ciudades del país ha colocado a más de 20 millones de mexicanos frente al riesgo de fenómenos hidrometeorológicos, por lo que atender la situación es urgente y prioritaria.
Las políticas y prácticas gubernamentales han agudizado la exclusión de gente de recursos económicos escasos de los centros urbanos con mejores servicios para ubicarlos en la periferia de las ciudades. Este problema se agudizará si los gobiernos y el mercado inmobiliario continúan “sacando ventaja” por encima del bienestar de las personas, denunciaron.
Al conmemorar el Día Mundial del Hábitat 2014, 106 redes, organizaciones de la sociedad civil, movimientos y centros de investigación de 28 países advirtieron también que “la humanidad asiste a procesos acelerados de desarrollo urbano especulativo, bursatilización de la vivienda, la propiedad y las hipotecas, así como el acaparamiento de tierras que violan los derechos humanos y que han llevado a la expansión irracional de las ciudades y a la segregación social con graves impactos sobre la vida de los seres humanos, la naturaleza y los territorios”.
En conferencia de prensa conjunta, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), diferentes colectivos advirtieron que estos problemas ponen en grave riesgo las posibilidades de hacer efectivo el derecho de todas las personas sin distingo a un lugar y una vivienda seguros donde vivir en paz y con dignidad.
“Estamos en desacuerdo con el modelo de desarrollo hegemónico de estas políticas, que provocan el despojo de los territorios de las comunidades, los pueblos originarios y campesinos, la destrucción de su hábitat y de sus fuentes de ingreso, pero que también provocan la violencia criminal incidiendo en migraciones masivas, mayor pobreza y pérdida de su cultura y prácticas comunitarias”.
Estas organizaciones condenaron también la reforma energética; advirtieron que “promueve el despojo en nuestro país y justifica la actividad extractiva como de utilidad pública”, lo que traerá consecuencias graves como las que derivaron de proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la sierra norte de Puebla, entre otros.
