Patricia Mayorga
Proceso
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano otorgar medidas cautelares a favor de integrantes de la comunidad de Choréachi del municipio de Guadalupe y Calvo.
Lo anterior porque los habitantes de esa población se encuentran bajo el asedio permanente del crimen organizado que opera en la región.
Incluso, hace aproximadamente un mes la Policía Federal se negó a acudir a esa comunidad al no poder garantizar las condiciones mínimas de seguridad a activistas y desplazados.
La asociación Alianza Sierra Madre, que ha trabajado durante más de una década con la comunidad, dio a conocer que ante la indolencia e inacción del Estado mexicano para proteger a la comunidad indígena la CIDH otorgó las medidas cautelares e instó a las autoridades mexicanas que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de integrantes de la comunidad.
En Choréachi hay más de 850 rarmámuri, es una comunidad asilada y sin la presencia de instancias gubernamentales, por sus condiciones geográficas.
Los integrantes de la comunidad han sostenido durante más de 30 años, una lucha jurídica y política en defensa de su territorio ancestral y recursos naturales contra un grupo de caciques mestizos de la región.
Alianza Sierra Madre explicó que desde finales del año pasado se han incrementado los actos de violencia y hostigamiento en contra de la comunidad, porque los caciques buscan sembrar el terror para inhibir la lucha que hasta ahora ha cobrado la vida de dos jóvenes indígenas, cuyos asesinatos se mantienen impunes.
Y los integrantes de la asociación recuerdan que el mes pasado, las autoridades evidenciaron su incapacidad y voluntad para proteger a la comunidad y a los defensores que los han acompañado, cuando suspendieron el encuentro “Todos somos Choréachi”, a donde irían acompañados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Desde hace un año y medio, los defensores de Alianza Sierra Madre no pueden acudir a aquella comunidad, porque están amenazados de muerte y en septiembre irían con la promesa de la Policía Federal, a través del Mecanismo, de resguardarlos para que pudieran brindar servicio a los indígenas porque había una probabilidad inminente de un evento de alto riesgo.
Ante esa situación y la falta de resultados del Estado, el 30 de enero pasado, las organizaciones Abogados y Abogadas por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria, solicitaron a la CIDH, medidas cautelares ante el incremento constante de agresiones en contra de la comunidad.
La CIDH consideró que había una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable sobre sus derechos humanos y por tanto, de acuerdo con las organizaciones y 6 de octubre emitió la resolución para salvaguardar la vida e integridad física de la comunidad.
Esta es la primera ocasión en que el organismo internacional otorga medidas de protección a favor de indígenas en el estado de Chihuahua, defensores de su territorio ancestral y sus recursos naturales.
