- Las acciones para exterminar a las “gavillas” incluyó agresiones a la población civil
- La comisión presentará hoy en Chilpancingo su informe, tras dos años y medio de investigaciones
Blanche Petrich
La Jornada
El primero de diciembre de 1971, un telegrama originado en Lomas de Sotelo, Distrito Federal, fue recibido en la comandancia de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el cual fue firmado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, y que a continuación se transcribe:
“Ratifícase orden sentido incremente actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan en esa región, debiendo utilizar máximo medidas de seguridad.”
A partir de esa fecha, en Guerrero se desata el periodo más crítico del conflicto armado, se intensifican los choques entre batallones del Ejército y unidades del Partido de los Pobres en la Costa Grande guerrerense. Es el lapso en el que se ubica el mayor número de detenidos, desaparecidos, de presos en cárceles clandestinas, de casos de tortura, narrados todavía con dolor por los sobrevivientes.
Son los años en los que las comunidades de la zona, cuyos testimonios figuran por primera vez en una investigación para el esclarecimiento de la verdad histórica de la guerra sucia, padecieron el mayor número de atropellos en manos de los soldados: cerco militar, “taponamiento” de caminos, control y restricciones de acceso a víveres, acoso, virtual estado de excepción. espionaje e infiltraciones de agentes. Y también ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas a población no combatiente.
El telegrama de Cuenca Díaz, así como otros documentos recuperados del Archivo General de la Nación, demuestran que en la década de los 70 del siglo pasado hubo una orden al más alto nivel del Estado para exterminar a los grupos insurgentes y su base social.
El grado de confrontación alcanzó su clímax en la Costa Grande guerrerense en 1974, cuando la guerrilla del Partido de los Pobres, al mando de Lucio Cabañas, secuestró el 30 de mayo a Rubén Figueroa, quien entonces era senador y precandidato del PRI a la gubernatura.
“Para atención de la superioridad”
Pruebas de este tipo demuestran que el exterminio de “maleantes” y “gavillas”, a los que los militares decidieron llamar así para no reconocer la presencia de fuerzas guerrilleras, fue una orden directa del entonces presidente de la República Luis Echeverría Álvarez al secretario de la Defensa Nacional, general diplomado de Estado Mayor Hermenegildo Cuenca Díaz.
Los documentos serán aportados hoy por la Comisión de la Verdad (Comverdad) creada para la investigación de la violación a los derechos humanos en la guerra sucia en Guerrero, cuando presente en Chilpancingo su informe final, después de dos años y medio de investigaciones.
Entre otras evidencias, se incluye una amplia evaluación de la situación militar en la zona de Atoyac y Coyuca en 1974, donde los hombres de Lucio Cabañas mantenían secuestrado al senador y futuro gobernador priísta Rubén Figueroa. En diversos telegramas y documentos militares se incluyen órdenes precisas de “cercar” las comunidades, controlando los accesos y el paso de víveres para los pobladores.
“Quitarle el agua al pez”
El 2 de julio, después de dos meses de búsqueda infructuosa, el general Alberto Sánchez López, entonces jefe del Estado Mayor –y partícipe en la Operación Galeana en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968– firmó un extenso informe, donde hace una evaluación en torno al secuestro de Figueroa. Está dirigido “a la superioridad”.
Ahí se detalla que para encontrar a Figueroa se implementó la Operación Atoyac, con despliegues en Petatlán, Acapulco, Cruz Grande, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo y Ciudad Altamirano. La misión de las zonas militares 27 y 35 consistió en “localizar, capturar o destruir maleantes”. Y para ello se mandó “cercar” las comunidades.
El documento constituye una sólida evidencia de lo que se entiende en términos de la justicia universal como un crimen de Estado, ya que el presidente de la República y el secretario de la Defensa ordenaron, además de redoblar el patrullaje de la zona, el bloqueo de caminos y la intensificación de vigilancia en carreteras y aeropuertos, así como ampliar los efectos de la Operación Atoyac a la población civil. Este plan, se especifica en el documento, comprende un total control sobre las poblaciones al estilo de los manuales de guerra de Estados Unidos en Vietnam, que atacaban a civiles con el fin de restarle base social al Vietcong, con una táctica que se llamó “quitarle el agua al pez”.
Se montó un “control de la población civil a base de cartillas de identificación (…) de abastecimientos, principalmente víveres, que consumen las gavillas de Lucio Cabañas.
“Además, lograr la infiltración de elementos propios, previamente adoctrinados y adiestrados.”
El documento reconoce que se identificará como “maleantes o gavilleros” a los guerrilleros para “no deteriorar la imagen de México en el exterior”.
Entre otros datos reveladores, esta evaluación interna, que no había sido hecha pública hasta ahora, admite que en la guerrilla de Lucio Cabañas participaron “elementos militares que desertaron por diversos motivos”.
