REFORMA/ Redacción
Cd. de México Cd. de México (22 octubre 2014).- (22 octubre 2014).- Guerrero acumula problemas que se han agravado con la gestión de Ángel Aguirre Rivero.
Tiene la tasa de homicidios más alta del País, superior en cuatro veces a la cifra nacional, y desde 2012 desplazó a Chihuahua y a Sinaloa como la entidad más violenta.
En sus dos principales núcleos urbanos, Acapulco y Chilpancingo, no opera la Policía local y las labores de seguridad están a cargo de fuerzas federales.
Este domingo, además, la Federación se hizo cargo de la seguridad en 12 municipios de las regiones de Tierra Caliente y Norte, cuyas Policías son investigadas por posibles nexos con el crimen organizado.
El Mando Único no ha podido ser implementado en la entidad y en 46 de sus 81 municipios hay presencia de Policías comunitarias que conviven, en algunos casos, con corporaciones municipales, estatales y federales.
En lo que va de la administración de Aguirre, han asesinado o desaparecido al menos una docena de activistas y dirigentes políticos como Arturo Hernández Cardona, Eva Alarcón, Marcial Bautista, Rocío Mesino y otros, sin que se haya esclarecido ninguno de los crímenes.
Los gobiernos federal y estatal tampoco han presentado avances de la investigación relacionada con el desastre de «Ingrid» y «Manuel» en el que se documentaron actos de corrupción y negligencia por parte de funcionarios públicos y a la fecha ninguna persona está detenida por estos hechos.
La CNDH constató más de 2 mil casos de desplazamiento forzado, en su mayoría, por agresiones de grupos armados.
En 2013, en San Miguel Totolapan, por ejemplo, testimonios dicen que comandos llegaron a las comunidades Las Mesas II y otras, donde quemaron las casas de sus habitantes, muchos de los cuales llevan más de un año viviendo en deportivos acondicionados como albergues en otras ciudades.
El Inegi calcula que 96.7 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad no se denuncian o no se abre una averiguación previa. La Encuesta de Victimización 2014 revela que más de 78 por ciento de la población considera que el Estado no es seguro. También señala que la mitad de los delitos se cometen con armas de fuego.
A esto se le suma la pobreza en la que vive más del 70 por ciento de la población, según los datos del Coneval, principalmente en las regiones de La Montaña y Costa Chica, las más golpeadas por los huracanes del año pasado.
El sistema de justicia y seguridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias creado en 1997-98 sufre su peor crisis con la fractura entre dirigentes y el encarcelamiento de líderes locales como Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y otros, acusados de secuestro.
Operan en el Estado al menos seis grupos de policías comunitarios, aunque los más grandes son la CRAC y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que salió a la luz en enero de 2013, con retenes y patrullajes en pueblos de la Costa Chica.
