Noé Zavaleta
Proceso
Una de las imágenes comparativas de «El Silva» difundidas por la PGJE. Foto: PGJE
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).-La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) rehaprendió a Jorge Hernández “El Silva”, uno de los participantes –según la Fiscalía de Veracruz- en el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
El titular de la PGJE, Luis Ángel Bravo Contreras aseguró que “El Silva” fue detenido en un municipio pequeño de Tlaxcala, donde fue localizado en un operativo de inteligencia ministerial, “sin bigote” y “rapado de la cabeza” para dificultar su localización.
Bravo Contreras expresó que la sentencia de “El Silva” quedó en 32 años y meses (sic) por el homicidio de la periodista veracruzana.
En el caso del otro presunto homicida, Jorge Adrián Hernández Domínguez “El Jarocho” la PGJE continúa en su búsqueda, informó.
El funcionario estatal admitió que no hay “signos” ni “indicios” de que “El Jarocho” pudo haber sido abatido en Guadalajara, Jalisco en un enfrentamiento entre la delincuencia organizada en la Plaza Antares, como lo reveló el periódico Notiver un año atrás.
“No tengo signos que me permitan suponer eso, tan es así que está Procuraduría lo sigue buscando”, comentó Luis Ángel Bravo.
En rueda de prensa, el fiscal señaló que la fase terminal del juicio establecido en contra de “El Silva” arroja pruebas contundentes que lo identifican “plenamente” como responsable de “atentar contra la vida y patrimonio” de Regina Martínez.
Luis Ángel Bravo dijo que este juicio se aletargó por culpa de la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del magistrado Edel Álvarez Peña quien fue el artífice de revocar la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por una juez de primera instancia a “El Silva” en agosto pasado.
“El día lunes nosotros hemos dado cumplimiento a un mandato judicial y en base a un rastreo de información e inteligencia y con pruebas periciales contundentes logramos la rehaprensión de Jorge Antonio Hernández “El Silva”, ubicado en el estado de Tlaxcala”.
Bravo Contreras admitió que la PGJE no realizó exámenes de VIH a Jorge Antonio Hernández para corroborar lo dicho por el anterior fiscal, Amadeo Flores de que “El Silva” era un enfermo cero positivo, exámenes médicos que pudieran haber aportado más indicios de que la persona presentada por la nueva Fiscalía de Veracruz es la misma.
A decir del funcionario de Javier Duarte, ahora solo falta la aprehensión de “El Jarocho” para dar por concluidas la investigación ministerial 019/2012/PC y el toca en el Tribunal Superior de Justicia 673-13.
Regina Martínez fue privada de su vida el 27 de abril del año pasado, en medio de irregularidades, inconsistencias, pifias y negativas a proporcionar información por parte del Ministerio Público de la PGJE y del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa.
Durante dos años y medio el gobierno de Javier Duarte se empeñó en circunscribir el crimen en el robo, sin ahondar en la línea de su trabajo periodístico, como lo pidieron amigos de profesión de la periodista y el propio semanario Proceso –coadyuvante en su investigación- en su momento.
Hoy con la instrucción ministerial y judicial, casi cerrada, varios de los funcionarios públicos de la PGJE y del Poder Judicial del Estado han sido “premiados” por el gobierno de Javier Duarte con mejores cargos.
A propuesta del gobernador Duarte, la jueza Beatriz Rivera Hernández fue propuesta como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), en septiembre pasado. Rivera llevó el expediente del homicidio de la corresponsal de Proceso en esta entidad.
En su resolución, la ahora magistrada pasó por alto las irregularidades en que incurrió el Ministerio Público y la Fiscalía de Veracruz, como la de detener a “El Silva” sin orden de aprehensión y, peor aún, la de torturarlo para que se declarara culpable, según determinó la Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado (PJE).
A su vez, Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador de Justicia, fue nombrado el pasado 30 de junio como magistrado del TSJ, pese a los desaseos e irregularidades en las que desahogó la averiguación previa relativa al asesinato de Regina Martínez.
El magistrado Edel Álvarez –exlíder del PRI en la entidad- fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia.
Amadeo Flores Espinoza, el exprocurador de Justicia que llevó el caso de los asesinatos de los reporteros de Liberal del Sur y Notisur, Gregorio “Goyo” Jiménez y de la propia Martínez Pérez, fue retirado de la política en febrero de este año; en contraparte, su hijo, el priista Amadeo Flores Villalba fue propuesto, semanas después, como magistrado, pese a no tener carrera judicial y experiencia en temas de procuración de justicia.
El magistrado federal, Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez –hermano de la periodista asesinada- y que recayó con el Toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, a los 3 meses de que ingreso el amparo, María Dolores Silva Ovando, cónyuge de Romero Montalvo tomó protesta como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del PJE, a propuesta del propio gobernador priista.
