Pedro Zamora Briseño
Proceso
COLIMA, Col. (apro).- Representantes de 40 organizaciones de 10 países exigieron al gobernador, Mario Anguiano Moreno, garantizar la seguridad de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y de la organización ambientalista Bios Iguana AC, que en los últimos meses han sufrido agresiones y amenazas por la lucha que mantienen contra la explotación de una mina de oro en territorio de esa comunidad nahua.
“Tanto en México como a nivel internacional, diversas comunidades, grupos de base, organizaciones e instituciones hemos seguido los acontecimientos y el incremento de la violencia que viven nuestros compañeros en Zacualpan y Colima, en este sentido, estamos muy preocupados por lo que pueda suceder en contra de su integridad física y psicológica”, expresaron en un documento organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador, Brasil, Australia, Chile, Honduras, Perú y México.
Dirigido además a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Congreso de Colima, al presidente municipal de Comala y a la delegada estatal de la Procuraduría Agraria, el pronunciamiento urge a proteger a los activistas y otorgarles “de manera pronta y expedita” las medidas cautelares que desde marzo pasado le fueron solicitadas a la CNDH.
Entre las agrupaciones que suscriben la carta se encuentran el Observatorio Ciudadano, de Chile; Ahomar, de Brasil; Otros Mundos, de México; Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de México; Ríos Vivos, de Colombia; La Puya, de Guatemala; Cooper Acción, de Perú, y Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
De acuerdo con las organizaciones firmantes, tanto el CITZ como Bios Iguana han actuado en el marco de la legalidad y en total respeto de los derechos humanos y colectivos, a través de acciones legales ante diversas instituciones que han dado frutos concretos.
Mencionan por ejemplo, la sentencia otorgada por el Tribunal Unitario Agrario en relación con el expediente n° 81/14, en la que se reconoció a la nueva mesa directiva de Bienes Comunales y se decretó a la comunidad como territorio libre de minería.
“Sin embargo, a pesar de tener la razón jurídica y legal, el clima de impunidad y violencia generalizada detonada desde las mismas estructuras del estado, colocan a la comunidad de Zacualpan, a sus habitantes, a sus autoridades comunales y a las organizaciones que los apoyan, en un estado de permanente vulnerabilidad”, advirtieron.
Por ello demandaron que el gobierno de Colima de manera inmediata “deje de promover la impunidad” y acate las resoluciones del Tribunal.
“Igualmente solicitamos se aplique todo el peso de la ley contra quienes fomentan la violencia y puntualmente se investigue y en su caso procese a Carlos Guzmán (expresidente de Bienes Comunales) y sus seguidores, quienes han ocasionado lesiones físicas contra niñas y niños, mujeres y hombres de todas las edades de la comunidad de Zacualpan”, exigieron.
