Pilar Pérez
El Sol de Puebla
Una investigación de la Secretaría de la Contraloría reveló la existencia de un complejo y millonario esquema de desvío de recursos operado por el ex gobernador Mario Marín Torres a través del Programa Unidos para Progresar.
Según documentos en poder de este diario, entre 2008 y 2010, periodo en el que se manejaron más de 800 millones de pesos, fue empleada de manera irregular una parte del presupuesto, bajo la complicidad de personajes como Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar.
Pobladores consultados por la dependencia estatal, presuntos beneficiarios del programa emblema del sexenio marinista, arrojaron luz a cerca de la forma en que estos funcionarios malversaron los recursos públicos: Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) se armaron expedientes y justificaron pagos para obras y servicios públicos que nunca existieron. De ahí que Marín Torres tuvo que valerse de toda una red de corrupción para realizar el desvío.
El Programa Unidos para Progresar fue creado en 2006 con la intención de atender a la población de mayor marginalidad, la finalidad era contribuir a la erradicación de la pobreza y vulnerabilidad social; sin embargo, durante este periodo se detectaron diferentes irregularidades como el desvío de recursos, la falsificación de documentos y falsas promesas de apoyo.
Los documentos, resultado de la investigación de la Contraloría, revelaron que los recursos no llegaron a los beneficiarios, además se hizo uso indebido de credenciales de elector a través del robo de identidad, obras y acciones no ejecutadas aunado al uso electoral del programa.
En 2009, por ejemplo, presuntamente se destinaron 43 mil pesos para pintura para guarniciones y banquetas en San Miguel Canoa, según los documentos aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social en ese entonces; sin embargo, mediante el uso de actas circunstanciadas se evidenció que los recursos no fueron entregados a los representantes del Comité de Beneficiarios, pues a pesar de que los expedientes técnicos cuentan con las firmas correspondientes los involucrados rechazan haber recibido algún tipo de recurso.
En la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya y en el municipio de Puebla, en el año 2009 se reproduce el mismo ejemplo con la aplicación de recursos para la rehabilitación de edificios y guarniciones así como luminarias para alumbrado público, respectivamente, en cuyos casos los supuestos beneficiados desconocen el destino del capital y niegan, incluso, haber participado en el comité.
Lo mismo sucedió en la colonia Independencia con la entrega de recursos para la rehabilitación de calles para lo que, supuestamente, se destinaron 52 mil 223 pesos en el año 2010 y en los documentos los beneficiaros rechazan haber firmado, por lo que acusan la falsificación pese a que los expedientes están acompañados con las respectivas credenciales de elector de los integrantes del comité.
En 2008, de acuerdo con los documentos anexos, la Secretaría de Finanzas y Administración aprobó la ampliación para el Programa Unidos para Progresar por un monto de 10 millones de pesos sumados a los 129 millones 571 mil pesos que ya se tenían destinados para este esquema que se aplicaría en diferentes municipios.
Para el año siguiente la ampliación fue por 150 millones de pesos, de tal manera que el monto destinado para el programa se elevó a 250 millones de pesos. Finalmente para el ejercicio del 2010 fueron autorizados 30 millones de pesos más lo que elevó el presupuesto de ese año a 503 millones 500 mil pesos.
El esquema de la aplicación de los recursos del programa, consistía en la presentación de la solicitud, en donde se presume que hubo la falsificación de recursos, acto seguido era la autorización de los proyectos beneficiados por el Comité Técnico de Desarrollo Social a donde se dio luz verde a acciones fantasma.
El paso tres consistía en la entrega de los recursos a los beneficiarios que integraban el Comité de Desarrollo Social, donde presuntamente se desvió el capital y se benefició a candidatos en campañas electorales durante ese periodo.
En las actas de entrega de recepción y expedientes técnicos se presume la integración de documentación falsa (fotografías, actas y facturas) para la comprobación de las obras realizadas y finalmente se procedía al cierre del ejercicio anual integrado por la Sedeso.
