En realidad el problema no eran los Abarca, es el mismo de siempre: EL NARCO-«GOBIERNO».
Benito Jiménez
Reforma
Iguala, México (17 noviembre 2014).- Las extorsiones en este Municipio abarcaron a todo el comercio, desde el vendedor de hotdogs hasta grandes establecimientos.
La organización criminal Guerreros Unidos, que penetró en esta ciudad desde 2011, armó una red de cobros de piso y de «protección» de la cual no se salvó casi nadie.
Lo anterior lo refieren las propias víctimas, entrevistadas por REFORMA luego de que José Luis Abarca dejara la Alcaldía por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los taxis y el comercio fueron de los principales atractivos para la delincuencia
Negarse a pagar las extorsiones equivalía a represalias, incluido el secuestro y el homicidio, reconocieron los afectados.
Puestos de comida, churrerías, tiendas de ropa, estéticas, cervecerías, taquerías, restaurantes y abarrotes, entre otros, pagaron a la delincuencia de 40 pesos diarios a mil 200 a la semana para que «sus negocios estuvieran seguros».
Ganaderos, gasolineros y dueños de bares tenían que erogar hasta 5 mil pesos semanales.
Un gasolinero que se cansó de la extorsión decidió irse de Iguala, pero fue secuestrado en 2013 y después desaparecido cuando escapaba hacia Chilpancingo, coinciden versiones de empresarios.
Entre 2013 y junio de 2014, unos siete taxistas desaparecieron luego de negarse a pagar, y otra decena de comerciantes fueron secuestrados como medida de presión para el pago de cuotas, revelaron víctimas.
La colusión del crimen en la vida administrativa de este Municipio mermó los bolsillos de sus 130 mil habitantes, de una u otra forma.
El grupo Guerreros Unidos se infiltró en el Ayuntamiento con la venia del ex Edil José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ésta última hermana de los líderes de dicha organización delictiva.
Tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señaló a Pineda Villa, como la principal operadora de actividades delictivas desde la Presidencia Municipal.
El crimen, reconocieron trabajadores del Ayuntamiento, influyó en la vida municipal, como el cobro de impuestos, la contratación de personal, principalmente familiares y amigos, y la adjudicación de obras a empresas afines.
«La palabra de Abarca se hacía ley», comentó un ayudante del Ayuntamiento.
La Policía Municipal, a cargo de Felipe Flores Velázquez, también se encargó de abultar las arcas del crimen.
Diversos testimonios de habitantes coinciden en que los elementos de esta corporación cobraban 600 pesos a quien se le encontrara una cerveza en la mano (aún cerrada) y realizaban su propio «alcoholímetro» los fines de semana en distintos puntos de la ciudad, sólo que sin instrumentos de medición.
«Decían ‘sóplame’, y si ya olías a cerveza, eran mínimo 600 pesos, de los cuales 300 eran para la Policía Municipal, y 300 para la maña, pero a los policías les iba mejor, ellos tenía luz verde para despojar a los ‘borrachos’ de todo su dinero o de extorsionarlos. A un carnicero le llegaron a quitar 3 mil pesos», indicó una víctima de los oficiales.
Los jóvenes que caminaban solos en la calle o a la pareja que se encontraba en el parque también eran amedrentados por los uniformados para obtener dinero.
A los comerciantes, ambulantes y establecidos, se les incrementaron los impuestos municipales, acusaron regidores.
El ex Edil José Luis Abarca argumentó, desde el inicio de su gestión, que las finanzas del Ayuntamiento se encontraban mermadas y culpó a la anterior Administración.
«Se enfocó en subir impuestos por todo, Iguala no es un referente turístico, todo lo que genera es por impuestos, ahí es donde el Ayuntamiento enfocó su fuente de financiamiento», expuso un funcionario de la Tesorería.
Los impuestos que se cobran en Iguala llevaron la aprobación del ex Gobernador Ángel Aguirre y el Congreso estatal, a través de la llamada Ley 960.
De acuerdo con informantes de la Tesorería, los impuestos se elevaron hasta en un 50 por ciento.
Las exhibiciones o muestras regionales pagaron el 7.5 por ciento al Ayuntamiento del boletaje vendido, lo mismo que eventos deportivos, bailes, circos, y cualquier evento no especificado.
Por cada casa de interés social se cobra 563 pesos para el permiso de construcción, los locales industriales mil 18 pesos y los locales comerciales 780 pesos, por ejemplo.
Los hoteles erogan mínimo 3 mil 600 pesos por licencia.
El animal que entra al rastro municipal tiene un costo 53 pesos si es vacuno y 31 si es porcino, ovino o caprino, los puestos semifijos pagaban en el centro 408 pesos cada seis meses y en las comunidades 191 pesos.
Los que venden mercancías en sus vehículos, por ejemplo en motocicleta, pagan 102 pesos al mes; en automóviles 204 al mes, en camionetas de 3 toneladas 255 pesos y mayores a ese peso erogan 357 pesos.
Los bares y expendios de bebidas alcohólicas pagaron por expedición de licencia y refrendo de la misma con costos que iban de los 2 mil 500 pesos a los 50 mil pesos.
«Si el cuentahabiente no pagaba, se le cancelaba todo, y pagaba una sanción y volvía a empezar los trámites», añadió un empleado municipal.
El pago al crimen era doble, porque de los impuestos, de acuerdo con la PGR, el Ayuntamiento de Iguala a cargo del ex Edil José Luis Abarca, dio de 2 a 3 millones de pesos mensuales a la organización criminal Guerreros Unidos.
El grupo delincuencial, informó el Procurador Jesús Murillo Karam, a su vez usaba de esta renta una suma de 600 mil pesos para cubrir sus gastos de «nómina» con la Policía Municipal de Iguala, a la que tenían cooptada al grado de decidir quién podía ser admitido como agente.
Abarca elevó el presupuesto a su Policía, corrompida por «Guerreros Unidos».
En 2012, para la operatividad de los cuerpos policiales se erogaban 9 millones 164 mil 320 pesos y se contaba con una plantilla de 381 elementos.
Para 2013, subió el presupuesto a 10 millones 404 mil pesos, pero bajó la plantilla a 318 efectivos.
«Todo el dinero, obviamente, no llegaba a la Policía, y sus elementos tampoco eran policías», resumió un regidor.
