Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales dieron a conocer un nuevo caso de tortura sexual que se suma a la campaña Rompiendo el Silencio, dedicada a visibilizar ese tipo de sometimiento utilizado por agentes de la fuerza pública en el país.
Se trata de Yesenia Armenta Graciano, caso del que ya fue enterado el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez. La mujer se encuentra recluida en el Centro de Consecuencias Penales (CCP) de Culiacán, Sinaloa, acusada de la muerte de su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda, “en una situación que ella desconoce”.
En un comunicado, las ONG que impulsan Rompiendo el Silencio sostienen que Yesenia “sobrevivió por más de 15 horas a la tortura física, sexual y psicológica por parte de policías ministeriales” que buscaban que se declarara culpable.
La mujer, destacaron, fue interceptada por dos hombres no identificados el 10 de julio de 2012 cuando se dirigía al aeropuerto de Culiacán, hecho atestiguado por su hermana y su cuñada
Sin mostrar orden de aprehensión, los hombres obligaron a Yesenia a subir a diferentes vehículos para después “llevarla a una bodega-estacionamiento en donde fue sometida a diferentes formas de tortura”.
Tres días más tarde, la mujer fue arraigada y el 25 de julio de 2012 fue trasladada al penal de Culiacán; en paralelo, su familia interpuso ante un juzgado de distrito un amparo por privación ilegal de la libertad y posibles malos tratos y tortura.
Dos años después de estos hechos, en enero pasado, la defensa de Yesenia presentó como prueba de descargo un dictamen, apegado al Protocolo de Estambul, sobre su condición física y psicológica.
El dictamen, realizado por el Grupo de Expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés), demuestra “que las lesiones físicas son claramente compatibles y consistentes con métodos de tortura y malos tratos que le han sido infligidos a la víctima”.
Luego de ello Armenta Graciano está en espera de que la jueza del tercer distrito en Sinaloa, Alba Lorena Galaviz Ramírez, conceda el amparo solicitado por el defensor Braulio Germán Leyva Gutiérrez y las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Luego de señalar que el caso fue presentado durante la visita en mayo del relator Juan Méndez, las ONG señalaron que el representante de ONU “mostró su inquietud respecto del gran número de denuncias que hay en México por tortura y malos tratos hacia mujeres, los cuales incluyen diversas formas de violencia sexual, desde abusos hasta violaciones”.
La campaña Rompiendo el Silencio es impulsada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Asociadas por lo Justo (JASS), CCTI y Cosyddhac.
La campaña busca “visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por autoridades policiales, militares o marinos en la supuesta protección que deberían proveer a la sociedad”.
A ella se han sumado Claudia Medina, víctima de marinos en Veracruz; las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, abusadas por militares en Guerrero; Miriam López, torturada por elementos de la Sedena en Baja California, y Verónica Razo, sometida por integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
