Fernando Camacho Servín
La Jornada
México, DF. Los abusos cometidos por las fuerzas policiacas al término de la marcha del pasado 20 de noviembre tienen la intención de coartar el derecho de la gente a manifestarse, por lo que la respuesta de la sociedad no debe ser «arrinconarse en sus casas», sino seguir movilizándose y exigir la libertad de las 11 personas enviadas a penales de máxima seguridad y el castigo para los responsables de dichos atropellos.
Así lo afirmaron activistas de diversas organizaciones sociales que fueron agredidos ese día, quienes lamentaron que ante el descontento de la población, el gobierno responda criminalizando la protesta y advirtiendo que tiene derecho a usar la fuerza en contra de ella.
Mónica Oehler, integrante de Amnistía Internacional México, subrayó que «nos manifestamos porque estamos hartos de lo que pasa en el país, y ante las violaciones de derechos humanos, la respuesta de las autoridades es más violaciones a los derechos humanos».
La activista llamó la atención sobre el hecho de que el Presidente diga que hay grupos que quieren «desestabilizar» su gobierno y amague con utilizar la fuerza pública, y justo después ocurran los abusos del 20 de noviembre, se detenga de forma arbitraria a decenas de personas y se envíe a 11 de ellas a penales federales de máxima seguridad, acusados de cargos «desproporcionados».
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México -quien fue agredido ese día junto con su familia- enfatizó que «manifestarse es un delito y no podemos arrinconarnos en nuestras casas por miedo» a que la policía reprima de nuevo.
Miguel Concha, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que la represión en contra de los asistentes al mitin del zócalo es parte de un fenómeno de «desvío de poder», en el cual las instituciones dejan de cumplir la labor que las leyes les señalan y se ponen al servicio de «intereses políticos y económicos que no se explicitan».
Jesús González, coordinador de comunicación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, recordó que él y otros dos activistas agredidos ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y llamó a investigar la identidad de los grupos que se reivindican como «anarquistas», cuya aparición en marchas genera actos de violencia.
