Verónica Espinosa
Proceso
GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- Los familiares del estudiante de la Universidad de Guadalajara Ricardo de Jesús Esparza Villegas, fallecido en un callejón de la ciudad de Guanajuato en octubre durante el Cervantino, solicitarán al procurador guanajuatense Carlos Zamarripa Aguirre que se exhumen sus restos y se practique una nueva autopsia, pues no han aclarado todas las dudas que tienen sobre las causas de su deceso.
“No tenemos la certeza de que la primera autopsia se haya hecho conforme a la ley y tenga la certidumbre, es un peritaje que haría falta, un estudio que nos daría mayor certeza de qué pasó”, señaló en entrevista el rector general de la UdG, Itzcóalt Tonatiuh Bravo Padilla.
“La familia está preparando (la solicitud) y nosotros la vamos a respaldar”, dijo en entrevista el rector Bravo Padilla.
La solicitud será dirigida al procurador Zamarripa Aguirre, puesto que la PGJE guanajuatense sigue a cargo de la investigación.
Ricardo Esparza viajó en un autobús con un grupo de estudiantes del Campus Lagos de la UdeG a Guanajuato el sábado 19 de octubre pasado, mientras en esta ciudad se realizaba el Festival Internacional Cervantino.
Al día siguiente, su cuerpo apareció tirado en el patio de una casa en el callejón de Peña Grande, de cuyo muro presuntamente cayó, de acuerdo con el peritaje oficial presentado por la Procuraduría de Justicia de Guanajuato.
Posteriormente, de acuerdo con mensajes compartidos por redes sociales entre compañeros del muchacho, se conoció que éste fue abordado –y presuntamente detenido– por agentes policiacos.
Las autoridades universitarias y compañeros del estudiante de Mecatrónica reclamaron una investigación exhaustiva para aclarar la presunta intervención de policías en la muerte del joven y un contingente de alumnos de la institución marchó al Palacio de Gobierno del estado para reunirse con autoridades y exigir el esclarecimiento de su muerte.
La Procuraduría de Justicia del estado exhibió un par de videos en los que se confirmó que agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) abordaron a Ricardo en la tarde del pasado 19 de octubre cuando éste se encontraba con otros amigos en la plazuela Del Ropero, en el centro de la ciudad.
Pero la PGJE manejó la versión de que el estudiante sólo fue amonestado por orinar en la vía pública y que horas después se le había visto dirigirse solo, en la madrugada del domingo, hacia el jardín Embajadoras, luego de lo cual no hay más datos de cómo fue que apareció muerto en el patio del domicilio en el callejón de Peña Grande, ubicado entre Embajadoras y la carretera Panorámica a la altura del monumento al Pípila.
Insatisfechos con esta indagatoria, las autoridades universitarias y algunos integrantes de la sociedad de alumnos sostuvieron una reunión el 29 de octubre para conocer de primera mano los avances de la investigación, y pidieron la intervención de la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses para conocer y revisar el expediente del caso.
Sin embargo, en entrevista ofrecida al final de la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (la ANUIES) este fin de semana en la Universidad de Guanajuato, el rector de la UdeG Tonatiuh Bravo, declaró que no ha habido ningún acercamiento posterior o comunicación del procurador Zamarripa o del secretario general de gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García, y tampoco se ha podido conocer el expediente por parte del abogado general de la universidad, tal como fue el compromiso.
“Yo creo que (la investigación) se agilizó en un principio, pero ahora lo veo lento, veo que la investigación se está rezagando”, dijo.
El rector explicó que por parte de los familiares y la UdeG se estaba en espera de que tomara posesión de su cargo el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, Luis Raúl González Pérez, para tratar con él todos los puntos de la investigación que lleva a cabo el organismo, lo que buscarán tener en los próximos días.
“Nos hemos enterado de algunos avances de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (la PEDH), pero creemos que debemos basar nuestro planteamiento en la CNDH”, dijo Bravo Padilla.
-¿Hay dudas del trabajo de la PEDH?- se le preguntó.
“Necesitamos un balance y una versión de un organismo que revise los peritajes, las pruebas”, puntualizó el rector.
