Redacción La Jornada
En América Latina y el Caribe las personas que defienden los derechos humanos continúan padeciendo intimidación, acoso y violencia.
Así lo asienta el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), titulado Defender derechos humanos: necesario, legítimo y peligroso, que dará a conocer a escala mundial este martes, en el cual concluye que la reacción violenta contra quienes trabajan en favor de dichas garantías «refleja los poderosos intereses que estos profesionales cuestionan al tratar de poner fin a círculos viciosos de discriminación, desigualdad, exclusión e injusticia en la región».
En el avance del análisis, AI confirma que activistas, abogados, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas son quienes mayormente padecen actos de intimidación por su defensa de las garantías básicas y laborales.
La investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes defienen derechos relativos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos de mujeres, niñas, integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual, y de los migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas.
El texto analiza más de 200 casos de abusos y ataques en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
«La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en la región sufren persecución y ataques constantes en represalia por su trabajo», señaló Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de AI.
En el caso de México, el informe retoma datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los cuales revelan que durante 2013 hubo 89 actos de agresión contra activistas. «De este universo, al menos 23 personas u organizaciones contaban ya con medidas cautelares y al menos 55 personas ya habían sido víctimas de algún tipo de agresión».
Ejemplo de ello, agrega AI, es el caso de Malú García, quien ha trabajado por los derechos de las secuestradas y asesinadas en México. Fue amenazada el 17 de octubre de 2013, mientras hacía actividades de «incidencia» en la ciudad de México. Recibió llamadas que describían a sus hijos y los lugares donde se encontraban, amenazando con secuestrarlos y matarlos. Esto pese a que ella y su familia contaban con medidas cautelares.
El organismo internacional señala que también ha observado cómo se utilizan los sistemas judiciales mexicanos «para reprimir» a quienes defienden garantías fundamentales o para impedir su trabajo. Como a Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, quien desde 2011 enfrenta cargos penales. Es acusada de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional. «Su único delito ha sido proteger los derechos de los pueblos indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras.»
Al abordar el tema de los periodistas, el reporte dice que entre el primero de enero de 2010 y el primero de noviembre de 2013 al menos 78 comunicadores habrían sido asesinados en Latinoamérica por motivos que podrían estar relacionados con su profesión. En el caso de México, AI resalta que aún cuando en 2012 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el mecanismo aún enfrenta importantes retos para asegurar su efectiva implementación.
Por ello, apremió a que las autoridades de los estados, en sus distintos niveles, «reconozcan la legitimidad e importancia de quienes defienden las garantías básicas y actúen en consecuencia promocionando el marco legal internacional, regional y nacional de protección a defensores de los derechos humanos adoptando medidas concretas para prevenir, corregir y sancionar los abusos y agresiones que se cometen en su contra en represalia por sus acciones en favor de éstos».
