Redacción La Jornada
Miami. Una inmigrante mexicana inició una huelga de hambre en las afueras de una cárcel de inmigración en Miami, Florida, para intentar detener la deportación de su pareja y compatriota.
Rocío Mendoza de 27 años de edad, comenzó su ayuno desde el domingo a las afueras del Centro de Detención de Krome, al suroeste de Miami, con la esperanza de que las autoridades dejen salir a Rigoberto Balderas y pueda pasar la Navidad con sus hijos.
“Estoy aquí para que le den una oportunidad al padre de mis hijos para que revisen su caso”, dijo Rocío quien es originaria de Chapuloacán, Hidalgo, y se encuentra en Estados Unidos desde 2006.
“Me están rompiendo mi familia y es muy triste para mis tres hijos que extrañan a su papá”, explicó la inmigrante, al señalar que su pareja será deportada mañana martes.
Rigoberto Balderas de 29 años de edad, también de Chapuloacán y en Estados Unidos desde 2008, fue arrestado en una corte de inmigración el pasado 1 de diciembre cuando asistía a una audiencia, pero está cubierto por la orden ejecutiva decretada por el presidente estadunidense Barack Obama debido a dos de sus hijos nacieron en Estados Unidos.
Rocío y Rigoberto tienen tres hijos, Ashly de 11 años, Rigoberto de cinco e Iker de tres, los dos últimos nacidos en este país.
Nora Sándigo directora de la Fraternidad Americana que apoya a inmigrantes y que tiene a un abogado investigando el caso, dijo que el gobierno está deportando injustamente a muchos inmigrantes que pueden ser beneficiados por la orden ejecutiva de Obama que se espera entre en vigor hasta enero.
“Supuestamente hoy se lo llevaron a otro lugar, pero estamos haciendo un trabajo fuerte para ver si los oficiales recapacitan y no lo entregan”, dijo Sándigo.
A finales del mes pasado el presidente Obama anunció una acción ejecutiva en el ámbito migratorio que legalizará temporalmente a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, una mayoría de origen mexicano.
Las acciones de Obama incluyeron la creación de un nuevo programa de acción diferida para frenar las deportaciones de personas que son padres de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales y han vivido en Estados Unidos por cinco años.
