Arturo Rodríguez García
Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las mansiones construidas y financiadas por el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú para beneficiar al círculo íntimo del Peña Nieto siguen apareciendo aquí y allá, pero hasta el momento ninguna de las instancias de auditoría gubernamental se ha molestado en iniciar procedimientos para determinar la posible comisión de actos ilegales, o inclusive penales, en las diferentes operaciones de renta y compra-venta.
El episodio más reciente implica al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien se sirvió de un esquema similar al de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, para adquirir una residencia multimillonaria. Esto es, comprarle una casa a Hinojosa Cantú y aceptar su millonario financiamiento sin institución bancaria ni entidad crediticia autorizada de por medio.
El jueves 11, el diario estadunidense The Wall Street Journal informó que gracias al empresario, Videgaray adquirió también una residencia en un exclusivo fraccionamiento-club de golf de Malinalco, Estado de México.
Según la información que proporcionó el secretario de Hacienda, aunque H&G Bienes Raíces, una razón social de Hinojosa Cantú, le otorgó un financiamiento a 18 años por la propiedad –valuada en 7 millones de pesos–, él liquidó su deuda el pasado 31 de enero.
La compra se concretó en octubre de 2012, cuando Videgaray era coordinador general del equipo de transición y Peña Nieto era «presidente electo». Con este argumento, el funcionario rechazó que haya habido conflicto de interés en dicha transacción, pues, dijo, al hacerla no se desempeñaba en el servicio público.
De acuerdo con el artículo 108 constitucional, para efectos de responsabilidades administrativas se considera a quienes fueron sujetos de elección popular y “a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”.
A su vez, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que reglamenta al mencionado artículo constitucional, establece que además de las personas referidas están sujetas a la ley “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”.
Desde septiembre de 2012, el equipo de transición que coordinaba Videgaray tenía asignado un presupuesto de 150 millones de pesos que se ejecutaron a través de Banjercito.
En noviembre último, una investigación periodística realizada por el equipo de Aristegui Noticias y publicada de manera simultánea en la edición 1984 de Proceso reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social de Juan Armando Hinojosa Cantú.
La tarde del jueves 11, horas después de la publicación de The Wall Street Journal, el reportero Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca –que resultó ser de Angélica Rivera–, hizo notar la coincidencia en tiempos de «transición presidencial», pues la residencia de Rivera fue entregada en septiembre de 2012 y la de Videgaray al mes siguiente.
No es la única. El 24 de noviembre pasado Aristegui consiguió testimonios de vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes incluso le entregaron documentos para demostrar que desde 2012 se inconformaron por la presencia de dispositivos de seguridad en una residencia habilitada para oficinas que no contaba con el correspondiente uso de suelo.
La consulta registral efectuada por los vecinos reveló que la propiedad estaba escriturada a nombre de Inmobiliaria Bicentenario, que resultó ser otra razón social de Hinojosa Cantú.
La «Presidencia de la República» fijó su posición ante el trabajo del equipo de Aristegui: afirmó que la propiedad era rentada desde 2011 por Humberto Castillejos Cervantes, el actual consejero jurídico de la «Presidencia», y que fue utilizada durante la precampaña, la campaña y el periodo de transición por Peña Nieto.
Durante los meses que siguieron a la elección, Castillejos Cervantes era uno de los colaboradores de Luis Videgaray en el equipo de transición gubernamental.
Aun cuando Los Pinos admitió que se utilizó como oficina y que Peña Nieto usufructuó la residencia rentada por Castillejos, la operación no se registró como gasto de campaña ni del equipo de transición gubernamental.
Las razones de Hinojosa
Las residencias compradas respectivamente por Angélica Rivera y Luis Videgaray, así como la rentada por el consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, revelaron la constitución de tres razones sociales cuyo accionista mayoritario es Juan Armando Hinojosa Cantú.
Se trata de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, con la que se realizó la operación de la llamada Casa Blanca; Bienes Raíces G&H, con la que se levantó y financió la casa de Videgaray en Malinalco, e Inmobiliaria Bicentenario, propietaria de la residencia que renta el consejero jurídico.
Todavía más: Estas razones sociales no se mencionan en la información corporativa de Grupo Higa, que en su página en internet sólo incluye a sus subsidiarias Constructora Teya; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y Mantenimiento.
Lo mismo ocurre con otras razones sociales: Eolo Plus (taxis aéreos); Controladora de Operaciones de Infraestructura; Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción; Autopistas de Vanguardia, así como Concretos y Obra Civil del Pacífico.
Grupo Higa y esas razones sociales en las que Hinojosa Cantú es accionista mayoritario se han visto favorecidas en lo que va de la presente administración federal con contratos de proveeduría que superan los 24 mil millones de pesos y que se suman a los 35 mil millones obtenidos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México (Proceso 1985).
El escándalo se internacionalizó no sólo con la publicación en The Wall Street Journal. Personajes con presencia global como el expresidente de Estados Unidos William Clinton le recomiendan a Peña Nieto ser transparente y resolver las dudas sobre la relación con Grupo Higa.
La misma visión fue apuntalada por The Economist. En un artículo publicado el viernes 12, el semanario británico subrayó que se había fortalecido la configuración de un posible conflicto de intereses en el caso Hinojosa Cantú-Los Pinos.
Tanto The Economist como The Wall Street Journal fueron en su momento entusiastas difusores del periodo de reformas que dieron en llamar el “Mexican Moment”.
Lo que para infinidad de analistas y actores políticos –nacionales e internacionales– es un claro conflicto de intereses fue expuesto por Proceso en su edición 1986, luego de consultar a diferentes especialistas en combate a la corrupción, quienes coincidieron en que en el caso hay elementos suficientes para la configuración de ese ilícito, así como de otros que pudieran ser de índole penal.
No obstante, el jueves 11 la Auditoría Superior de la Federación anticipó en voz de su titular, Juan Manuel Portal, que no se investigará la Casa Blanca ni a las empresas de Hinojosa Cantú, pues como Angélica Rivera no es servidora pública, se trata de un asunto “entre particulares”.
