Y seguirán mientras el pueblo no los saque de donde están, y créanme: no será «votando» como se vaya a ir.
Fabiola Martínez
La Jornada
El próximo año estados y municipios recibirán en conjunto 15 mil 843 millones de pesos para depurar y fortalecer sus policías.
Este subsidio federal deberá ser destinado al desarrollo de las corporaciones, con base en un esquema de mando único, aceptado el viernes pasado por todos los gobernadores. El plan incluye medidas de acción inmediata, y es una vía alterna en caso de que la iniciativa presidencial –la cual se sustenta en la desaparición de corporaciones municipales– se atore en el Congreso de la Unión.
Jorge Carlos Hurtado, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), comentó al respecto: “Se trata de un convenio macro, básico. (Servirá) en los términos que está (de aplicación voluntaria) si es que no se llega a un acuerdo con mandato constitucional”.
El pasado 27 de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo de propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia; ahí se incluye la iniciativa para desaparecer de manera obligatoria a mil 800 policías municipales y dar paso a 32 mandos únicos estatales, uno por entidad.
El acuerdo anunciado el viernes en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública es de aplicación voluntaria; delinea tareas para el desarrollo policial: fija un salario mínimo para todos los policías del país, y da un esquema de prestaciones a los uniformados (becas, servicio médico, pago de gastos funerarios, de pensión a deudos, entre otras).
La propuesta aceptada por los gobernadores ahondaría el esquema prexistente de la llamada “policía acreditable”, la cual incluye mecanismos de control de confianza y el llamado para dar “salarios dignos”, asistencia social, capacitación y mejor equipo y armamento.
El gobierno federal programó para el año entrante 8 mil 191 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Según el SNSP, este fondo debe servir para fortalecer el reclutamiento, formación, selección y depuración de uniformados; mejorar el equipamiento, la red de telecomunicaciones e inmuebles, así como el seguimiento y evaluación de las mejoras.
En 2014, menos de 300 municipios fueron beneficiarios del subsidio para la seguridad, aunque algunos, como Iguala, Guerrero, recibieron los recursos (obtuvo 10 millones) para la compra de vehículos que pudieron haber sido utilizados para cometer ilícitos, luego de que se comprobó la participación de sus agentes en el ataque y desaparición de casi medio centenar de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, para entregarlos al crimen organizado.
Se destinaron 4 mil 893 millones para el subsidio para la seguridad en los municipios, cuyos lineamientos son el fortalecimiento, profesionalización y equipamiento de las policías locales, así como para los programas de prevención del delito. Para otro sistema, de similares objetivos, irán 2 mil 759 millones.
La bolsa general, de 15 mil 843 millones, es 3.4 por ciento más que lo programado para estas tareas, en 2014.
Hurtado dijo en entrevista que la negociación con los gobernadores para que aceptaran el “convenio macro básico” fue “relativamente fácil”, porque todos están de acuerdo en la necesidad de mejorar a sus policías.
De las 32 entidades, 31 tienen ya algún tipo de convenio (mando único), y 16 tienen el modelo al 100 por ciento.
