REFORMA/ Redacción
Cd. de México, México (01 enero 2015).- Autoridades del Estado de México encubrieron la ejecución de presuntos delincuentes en Tlatlaya por parte de militares, denunció una mujer que fue testigo de los hechos en entrevista con la agencia Associated Press.
De acuerdo con la testigo, quien pidió anonimato a la AP por temor a represalias, funcionarios estatales la golpearon y torturaron cuando se negó a firmar una declaración falsa de que los 22 presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento con el Ejército y no ejecutados.
Le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un escusado y la golpearon tan fuerte que seis meses después aún tiene problemas para ver y oír, señala la agencia en un cable difundido ayer.
«Conforme me iban pegando (…) decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran», afirmó la mujer, una de las tres sobrevivientes de la matanza.
«Uno me amenazó que me iba a violar», aseguró.
Agentes estatales la amenazaron también con acusarla de posesión ilegal de armas, lo cual posteriormente hicieron. Además, le dijeron que su hija se convertiría en una huérfana.
Una agente mujer del Ministerio Público estatal estuvo presente durante su tortura, agregó.
Sólo dos agentes mujeres, Orianna Ibeth Bustos Díaz y Leticia Martínez Flores, fueron las que participaron en el caso, según documentos judiciales en posesión de AP.
Es la primera entrevista que da la testigo a un medio tras salir de prisión, luego de cinco meses recluida acusada falsamente de posesión ilegal de armas.
Según su declaración, el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso, sino que incluye también a más militares, además de funcionarios federales.
REFORMA publicó el martes que militares alteraron la escena del crimen y agentes de la PGJE encubrieron esa irregularidad y avalaron en sus dictámenes la versión del Ejército.
La testigo, una trabajadora sexual de 20 años, indicó en la entrevista con AP que agentes de la PGR también quisieron encubrir a los militares.
Detalló que dos días después de que fuera golpeada en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, fue llevada al DF, donde investigadores federales del área contra la delincuencia organizada de la PGR la presionaron para que firmara la declaración falsa.
Sin un abogado presente, dijo que al fin cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes.
«No, le digo, yo no voy a firmar nada… y me empieza a gritar», dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó.
Cuando la llevaron a instalaciones de la PGR, estuvo en un cuarto con varios investigadores federales.
Ahí fue amenazada con ir a la cárcel a menos que firmara la declaración falsa. Afirmó que sólo firmó una página de un documento con varias hojas y muchos días después en el juzgado que llevó su caso vio que alguien había falsificado su firma en el resto de las páginas.
La testigo fue encarcelada durante cinco meses en una prisión de máxima seguridad acusada de posesión ilegal de armas. Finalmente fue liberada a mediados de diciembre pasado, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentara la tortura de la que fue objeto durante los interrogatorios en la Procuraduría mexiquense.
La versión que dio la testigo a AP también confirma la versión de que militares alteraron la escena del crimen antes de la llegada de los peritos de la Procuraduría mexiquense.
La testigo confirmó en la entrevista con AP que otros militares distintos a los que participaron inicialmente en los hechos llegaron al lugar una hora después del tiroteo inicial, antes de que arribaran al sitio los investigadores mexiquenses.
Entre ellos estaría el coronel Raúl Castro Aparicio, el comandante del 102 Batallón de Infantería al que pertenecían los responsables de los asesinatos.
En documentos judiciales a los que tuvo acceso REFORMA, no se especifica cuál fue el rol que jugó este mando castrense y no se informó si fue o es investigado en conexión con el encubrimiento.
La Secretaría de la Defensa Nacional no respondió a solicitudes de la AP para comentar el caso o para autorizar una entrevista con Castro.
Las autoridades federales decidieron declarar las evidencias del caso como confidenciales por 12 años y las estatales por 15 años.
En la oficina del Procurador Jesús Murillo Karam no respondieron a solicitudes de la AP para que diera su versión de lo sucedido.
En noviembre, siete soldados quedaron sujetos a un proceso penal por un juez civil, tres de ellos por el homicidio de ocho personas y cuatro más por ejercicio indebido del servicio público. Sólo uno de ellos, el teniente a cargo del grupo, fue acusado de encubrimiento.
El Ejército y la Procuraduría General de la República sostienen que el caso sólo involucra a los siete militares procesados y que allí termina.
La testigo dijo que tiene varias cuentas que saldar por la atención médica que recibió por los golpes que sufrió y que desea que el Gobierno reconozca públicamente el abuso que sufrió.
«Pido justicia, porque nunca encontraron nada en contra de nosotras», dijo a la agencia AP.
