Jenaro Villamil
Proceso
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- A dos meses de ser cancelado, el proyecto de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro revivirá el próximo 14 de enero, cuando la Secretaria de Comunicaciones y Transportes publique las “prebases” con las mismas características del proceso anterior.
De acuerdo con un comunicado de la SCT, el proyecto será también “llave en mano”, es decir, el ganador será responsable de garantizar “la funcionalidad y seguridad del tren, y deberá atender un periodo de pruebas extendidas por cinco años”.
Entre la publicación de las pre-bases y la el fallo transcurrirán 180 días. El testigo social de esta nueva licitación será Humberto Santillana Díaz, según la SCT quien se comprometió a garantizar “la total transparencia y legalidad del proceso”.
La nueva licitación se realizará tras la cancelación del pasado 6 de noviembre. Apenas tres días antes, el 3 de noviembre de 2014, la SCT confirmó que el consorcio ganador estaba encabezado por las empresas GIA-A de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari quien insistió que no tiene relación con el exmandatario; Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del contratista consentido del peñismo, Juan Armando Hinojosa Cantú; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, postor de la segunda y tercera cadenas de televisión abiertas; GHP Infraestructura Mexicana, y las empresas chinas China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional Ferrocarriles de Francia.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, defendió el fallo durante su comparecencia ante comisiones en el Senado de la República el 6 de noviembre. Horas después, para sorpresa de todos, ordenó la cancelación.
El 9 de noviembre, AristeguiOnLine y la revista Proceso revelaron el escándalo de la Casa Blanca, mansión a nombre de una de las filiales de Hinojosa Cantú, la financiadora de la primera dama Angélica Rivera.
La cancelación del proyecto, cuyo costo original sería de 59 mil millones de pesos, generó el pago de una compensación de 16 millones de dólares al consorcio ganador, así como tensión con los consorcios de origen chino, en plena gira de trabajo del Peña Nieto en el país asiático.
