México, 1 de marzo 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Un reportaje de La Jornada reveló hoy que con las «Rondas Cero y Uno» de la contrarreforma energética, más de un centenar de municipios serán invadidos por empresas dedicadas a la extracción de gas y petróleo usando la técnica conocida como fracking, poniendo en riesgo los derechos territoriales de miles de comunidades y el equilibrio ambiental de las áreas a invadir.
Según información de la Alianza Mexicana contra el Fracking, citada por La Jornada, la invasión comenzará en las serranías del norte y la tierras bajas de la Huasteca, ubicadas en cuatro estados de la República: 49 municipios de Veracruz, 22 de Puebla, 21 de Hidalgo y 18 de San Luis Potosí. En todos ellos hay comunidades y campos agrícolas pertenecientes a pueblos nahua, tenek, otomí, tepehua y totonaca.
Vehículos, maquinaria y personal de las empresas Schlumberger y Halliburton ya han llegado a los terrenos sin pedir permiso a los habitantes, u ofreciéndoles «cuentas de vidrio» a cambio de iniciar las perforaciones en sus campos. “Ya operan varios pozos. Llegaron ofreciendo las estrellas y no han dejado nada. Exigimos que nos arreglaran la carretera que dejaron inservible; al protestar nos echaron a la fuerza pública y nos encarceló el gobierno de Puebla”, denunció a La Jornada el representante del municipio poblano de Francisco Z. Mena.
Y esto es sólo el principio, por lo que comuneros y ejidatarios de las cuatro regiones intentan realizar una alianza para informar a otros y protegerse de los riesgos de esta brutal invasión trasnacional. Para hacerle frente, su apuesta es por la autonomía de las comunidades.
“Si no hay paz no hay nada. Pero sobre todo, la idea que yo traigo es de ser autónomo, sin eso van a acabar con nosotros y los bosques que todavía cuidamos, el agua, la vida”, dijo Esteban Mayorga, representante de la comunidad de Los Parajes.
En reunion con los grupos comunitarios, Francisco Cravioto, de la organización Fundar y miembro de la alianza, informó que la extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas por fractura hidráulica contamina el agua del subsuelo y lo ilustró con un video estadunidense en el que un ama de casa, vecina a extracciones mediante fractura, abre el grifo de su cocina y cuando acerca un cerillo al chorro de agua, éste prende fuego. No hay «manipulación», es real y comprobado debido a la fuga del gas que enturbia el agua.
Asimismo, la perforación de los pozos emplea grandes cantidades de agua –millones de litros– la cual llega a contener hasta 600 sustancias tóxicas, además de liberar del subsuelo metales pesados y sustancias ácidas que se filtran a los mantos acuíferos al cabo de los meses, por más «medidas de seguridad» que presuman las empresas extractoras. Un pozo de perforación tiene una vida media de seis años, tiempo suficiente para contaminar de forma irreversible la tierra y el agua, pues “no existe tecnología de tratamiento aún para limpiarla”, sostiene Cravioto.
El activista detalló también que la entrega de territorios y recursos a las trasnacionales se vino realizando desde antes de las contrarreformas, en 2010, y señala que el fiasco del yacimiento de Chiconeptec y otras áreas de saqueo donde no se encontró petróleo, es ahora la «justificación» para aplicar del fracking en la Ronda Uno, que ofrece a las empresas la extracción del gas shale.
Para esos fines de saqueo, en Veracruz se prevé una asignación de 900 mil hectáreas y en Puebla unas 90 mil, denunció Mauricio González González, integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Finalmente, Óscar Espino, de Papantla, denunció que las contrarreformas firmadas en el «Pacto contra México» representan la mayor amenaza en más de un siglo para los territorios indígenas y el suelo nacional, y que las instituciones ya ni siquiera simulan protección a las comunidades, pues ahora descaradamente se ponen de lado de las trasnacionales invasoras, como Halliburton y Schlumberger, que desde hace 13 años llegaron a territorio veracruzano en espera de los cambios constitucionales que desde entonces les prometieron los «gobiernos» federales.
“La nueva Constitución no da derechos, los quita”, abunda Espino. Ante la inminente “servidumbre legal de los hidrocarburos”, propone a los asistentes de la alianza “cuidar a las autoridades ejidales y locales, pues corrompiéndolas o atemorizándolas es como van a entrar, y las instituciones nos protegen menos que nunca porque están en favor de las empresas, no de nosotros”. Los pueblos se encuentran en “indefensión jurídica” en este país.
Las comunidades indígenas se enfrentan a un nuevo genocidio de proporciones nunca antes vistas, pues las circunstancias actuales “harán imposible la vida de las personas de esas comunidades”, que constituyen “un mundo, una humanidad que no será ya posible sin determinado pueblo indígena”, a decir de Mauricio González. Un daño irreparable.
Por tanto, la alianza se prepara para crear un frente de los pueblos en defensa del territorio.
Con información de La Jornada
