México, 5 de noviembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Los cuatro ciudadanos beneficiados con el fallo de la «Suprema Corte de Justicia del Nación [JA]» (SCJN) sobre el uso lúdico de la marihuana, son abogados corporativos e incluso hay un empresario farmacéutico entre ellos, revelándose el verdadero rostro detrás de su intensa campaña por la legalización del uso de la cannabis.
Este miércoles, la Sala Superior de la SCJN avaló otorgar a Josefina Ricaño Nava, Juan Francisco Torres Landa, Pablo Girault Ruiz y Armando Santacruz González, un amparo que les permite cosechar su propia marihuana y utilizarla con «fines recreativos» sólo para el autoconsumo. La decisión causó revuelo mediático al «abrir el debate para la legalización» total del uso del estupefaciente.
Sin embargo, los impulsores del amparo son miembros de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), organización integrada en su mayoría por empresarios y acusada de ser financiada con recursos públicos a través de los regímenes usurpadores en turno. Los mismos cuatro fundaron la «Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante» (SMART) de la marihuana, para promover su comercialización con el pretexto falaz de «bajar los índices delictivos».
Juan Francisco Torres Landa es abogado comercial y corporativo. En 2005 defendió ni más ni menos que a la criminal trasnacional Walmart, por los sobornos que sus directivos pagaron a «funcionarios» mexicanos para operar en nuestro país violando todas las leyes que quisieron. Dado que el fallo de la SCJN abre la puerta para legalizar el uso comercial de la hierba, cadenas como Walmart y demás trasnacionales serán las primeras interesadas en distribuir el «producto» como ya lo hacen con cigarros, alcohol y otras «drogas legales» (Coca cola, Pepsico, Nestlé, Bimbo, etc).
El otro interesado, Armando Santacruz González, es empresario y director de la firma Grupo Pochteca dedicada a la industria química y farmacéutica, que además cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, así que no es cualquier «empresita». Pochteca controla acciones de empresas del sector químico, farmacéutico y alimentario. También comercializa productos de los tres sectores. Por tanto, su interé$ en el asunto de la legalización de la marihuana es más que evidente y no tiene qué ver con «bajar la delincuencia», porque lo único que les interesa a las grandes empresas es enriquecerse cada vez más: que se venda la cannbis junto a Coca Cola en grandes farmacias, los Oxxos y demás «honorables» expendios de droga.
José Pablo Girault Ruiz es contador público de profesión y empresario. En su perfil de la red Linkedin aparece como socio de la empresa de tecnología Disruptive Venture Partners. Por su parte, Josefina Ricaño Nava es fundadora y actual presidenta del MUCD, que como se mencionó anteriormente, ha tenido acusaciones por mal uso de recursos.
No son las primeras ni serán las únicas voces de sujetos vinculados al sector empresarial, que cuando les conviene se disfrazan de «activistas» para impulsar los intereses de sus jefes oligarcas, en este caso seguir lucrando con las adicciones del pueblo. Ahí está Vicente Fox, un ranchero y «terrateniente» mantenido por todos los mexicanos, que lleva años pugnando por la misma causa. Al parecer se volverá a salir con la $uya. Así que este fallo de la «Suprema Corte» no tiene nada que ver con la «legalidad», la «justicia» o un genuino interés de que «baje la delincuencia». Es simplemente otro acto de servilismo «institucional» hacia la clase empresarial.
Con información de El Financiero
