Por Ernesto Villanueva
(@evillanuevamx)
En su oportunidad fui uno de los simpatizantes –junto con muchos otros– del arribo de Uber a México. La experiencia que he tenido en Estados Unidos y en otros países con esta empresa me daba elementos para apoyar ese servicio de transporte privado paralelo al tradicional Taxi.
Hoy he visto que la relación entre Uber y sus clientes vulnera diversos derechos en México. He recibido ya varios correos electrónicos de usuarios de Uber con copia de sus interacciones con esta empresa vía electrónica donde el usuario se ha visto en un estado de indefensión, circunstancia que generó mi interés por dedicar hoy este espacio a ese tema, que sintetizo en los siguientes puntos:
1.- Cada vez más usuarios se quejan de cargos por servicios no otorgados por Uber, pero que puntualmente se ven reflejados en los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito citando la transacción comercial a cargo de Uber. Las aclaraciones son un viacrucis para el usuario. Correos electrónicos van y vienen con distintas personas en nombre de Uber que genera un diálogo de sordos y que, al final del día, no resuelve nada. En estos casos la alternativa, también nada fácil, es que el afectado solicite a su banco o empresa expedidora de una tarjeta de crédito o de servicios, como American Express, que se bloqueen los pagos provenientes de Uber.
2.- De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor (Artículo 76 Bis, fracción III) y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Arts. 16 y 17), Uber debe tener, al menos: a) Una dirección física a donde pueda acudir el usuario; b) Un teléfono para comunicarse con Uber; c) El aviso de privacidad (que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares define como “Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley, de acuerdo al artículo 3º, fracción I de la citada Ley).
3.- Si alguien entra a la página de www.uber.com no existe cumplimiento a ninguna de las obligaciones que las leyes le imponen. Esta circunstancia, por un lado, coloca a Uber al margen de la ley y, por otro, genera incertidumbre jurídica para los usuarios en virtud de la fragilidad del uso y protección no sólo de sus datos personales, sino, peor aún, de sus datos patrimoniales. Urge que la @Profeco y el @INAImexico tomen cartas en el asunto.
4.- Contra la extendida práctica de que cualquier usuario de servicios tenga la forma rápida, lógica y clara para cancelar los servicios, Uber no ofrece en su portal web ese derecho del usuario. Esta información no sólo es una buena práctica comercial, sino un derecho de los usuarios que violenta Uber. Este derecho encuentra fundamento en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 9 del Acuerdo mediante el cual la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, determinan los derechos mínimos que deben incluirse en la carta a que hace referencia el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 3.2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012 5.- Después de la tortuosa y larga travesía para cancelar el servicio de Uber, el usuario se encuentra con la noticia de que la empresa conservará los datos personales y los crediticios de quienes han cancelado el servicio. Esto es, por supuesto, ilegal. Uber no tiene atribución alguna para llevar a cabo semejante práctica. Por el contrario, el usuario tiene el derecho de que se eliminen todos sus datos personales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Estas irregularidades de Uber que pegan en el bolsillo de los usuarios no deben ser toleradas ni por la autoridad ni permitidas por los usuarios que equivocadamente creen que no se puede hacer nada.
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