Por Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Con el escándalo de los Panama papers (capítulo México) sobre sus espaldas, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirma tener abiertos «expedientes de investigación» de al menos 20 empresarios mexicanos, de un total de 33 personas investigadas. A 18 de ellos les practican auditorías fiscales, mientras la información de dos fue solicitada por otros países (Aristóteles Núñez dixit).
Explicó que «son 33 casos», algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas; la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso. Incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información. Tenemos que identificar si hay elementos o no, de manera objetiva, para iniciar un procedimiento de auditoría, si los hay la iniciamos, si no los hay se terminó el tema”. Incluso, dijo, el organismo a su cargo sí tiene abiertas investigaciones sobre el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán. «Es una revisión interna que nos permita dar inicio, o no, a un procedimiento».
De acuerdo con la organización no gubernamental Red por la Justicia Fiscal, «recursos por un monto que ronda los 299 mil millones de dólares están depositados a nombre de empresas y particulares mexicanos en paraísos fiscales extendidos por diferentes regiones del planeta. Esa suma, que para efectos comparativos triplica el saldo de la deuda externa del gobierno federal, corresponde sólo a activos financieros, y no incluye los mecanismos empleados en esas jurisdicciones para la adquisición de casas, yates, aviones u obras de arte» (La Jornada, Roberto González Amador).
Lo anterior sólo confirma que México ha sido, es y será –con los gobiernos que tiene– arrasado sin pudor alguno por los barones y sus siempre serviciales agentes dentro de las instituciones del Estado, de tal suerte que a estas alturas aquella máxima de José López Portillo (1982: «ya nos saquearon; no nos volverán a saquear») no es más que una muestra del humor negro de la clase política nacional, porque resulta que nuestro país (seguido por Argentina, Brasil y Venezuela) encabeza la lista latinoamericana de transferencia de riqueza financiera hacia paraísos fiscales (alrededor de 300 mil millones de dólares en el periodo 1970-2010).
De hecho, México ocupa el escalón número tres a nivel internacional, es decir, sólo después de China y Rusia entre las 25 economías emergentes con los mayores montos de capitales fugados acumulados entre 2003 y 2012 (514 mil millones de dólares para el caso mexicano).
El universo de presuntos culpables resulta proporcionalmente mínimo, porque es obvio que los voluminosos dineros transferidos no pertenecen a los millones de obreros, campesinos, micro, pequeños y medianos empresarios, burócratas de a pie y demás grupos vulnerables, cuyo único objetivo es mantenerse vivo. No es la masa responsable ni beneficiaria del saqueo, sino los cuates del régimen, los gestores que dicen ser funcionarios, los empresarios que financian las campañas de los políticos y, en fin, ese tipo de fauna nociva para el país.
Como bien apunta la Red por la Justicia Fiscal, «uno de los obstáculos fundamentales para la movilización de recursos nacionales en los países en desarrollo es la cantidad de dinero que sale de esos países sin ser gravado y, por esa razón, contribuir con los presupuestos del gobierno para financiar servicios públicos esenciales, tales como la salud y la educación. La globalización, así como las normas impositivas mundiales desactualizadas, le han permitido a las empresas trasnacionales eludir y evadir impuestos a una escala realmente grande, y la evidencia sugiere que los países en desarrollo están perdiendo enormes recursos por prácticas de evasión y elusión fiscal. Entre estas estrategias están el uso de paraísos fiscales y la manipulación de los precios de transferencia».
En muchos de los países latinoamericanos (México en primer lugar) se aplican tratamientos preferenciales para las rentas de capital mediante una serie de exenciones o tratamientos especiales para colocaciones financieras, intereses de títulos públicos, beneficios de fondos de inversión, ganancias de capital en bienes inmuebles y acciones. Las políticas de atracción de inversiones fomentan en gran medida estas prácticas. Por ejemplo, en Colombia (2005-2010) empresas mineras pagaron 456 millones anuales por impuesto sobre la renta, pero en ese mismo periodo recibieron (del gobierno) descuentos, deducciones y exenciones que representaron 925 millones. Así, por cada dólar que dichas empresas pagaron, el Estado perdió dos.
La propia Cepal advierte que «un sistema tributario internacional arcaico y disfuncional también proporciona a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para que eviten pagar los impuestos que les corresponden en justicia. La evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320 mil millones de dólares al año, es decir, 6.3 por ciento del PIB regional. Esto significa que los países latinoamericanos pierden más de 50 por ciento de sus ingresos por impuestos sobre la renta a individuos. Muchos de estos recursos van a paraísos fiscales, escondiendo grandes cantidades de capital que deberían invertirse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía».
Entre 2002 y 2015, detalla, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron 21 por ciento anual en promedio, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB regional. «Gran parte de esta riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales. Es vergonzoso que en la mayoría de los países de la región continúe el aumento progresivo en la tasa y los bienes que pagan IVA, en vez de atacar la evasión fiscal y reducir las exenciones que reciben los que más tienen».
