Informe final del GIEI sobre Ayotzinapa señala al régimen de Peña como PRINCIPAL ESTORBO para resolver el caso

México, 24 de abril 2016 (NOTIGODÍNEZ).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta en estos momentos su informe final sobre el caso Ayotzinapa, en el que da a conocer las conclusiones de su trabajo como coadyuvante en las «investigaciones» encabezadas por el régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, a través de la «procuraduría general de la república» (PGR).

Una de las principales revelaciones del informe, es la consigna permanente del régimen a obstruir el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando un convoy de estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, fue atacado por policías municipales, estatales y federales, sobre una carretera del municipio de Iguala y en presencia de elementos del Ejército Mexicano, que no intervinieron en las agresiones contra los jóvenes.

De entrada, los expertos confirmaron que el 30 de abril será el último día de su estancia en nuestro país, ya que el régimen de Peña Nieto les negó unilateralmente otra prórroga para continuar sus investigaciones, violando con ello un acuerdo escrito y firmado con la CIDH respecto de que ésta tendría prioridad para determinar la permanencia del grupo en nuestro país.

Los expertos concluyeron que no es posible establecer qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos hace casi 19 meses, debido principalmente a las fallas, demoras y sabotaje deliberado por parte de la fiscalía (PGR) contra las labores de investigación, lo que pone de manifiesto la FARSA en el sistema de procuración de justicia en México y la crisis brutal en materia de derechos humanos.

En tal sentido, denunciaron que la PGR impidió a los expertos realizar necesarias entrevistas a militares, altos «funcionarios» y «políticos» clave en las pesquisas para saber qué ocurrió con los normalistas. Por ello, concluyeron que no hay «voluntad política» del régimen usurpador para resolver el caso.

Por cuanto a sus investigaciones, confirmaron lo que desde hace más de un año se determinó en reportajes periodísticos: policías federales y estatales de Guerrero tuvieron participación en los ataques contra los estudiantes, desde que éstos tomaron autobuses para trasladarse a sus actividades de boteo en Iguala y Chilpancingo.

Desde luego, concluyeron también que NO HAY EVIDENCIA DE QUE LOS NORMALISTAS HAYAN SIDO INCINERADOS EN EL BASURERO DE COCULA, como afirma insistentemente el régimen usurpador del asesino de Atenco en su llamada «verdad histórica» sobre el caso.

Por si fuera poco, los expertos revelaron que el segundo peritaje en dicho basurero, realizado por un grupo de «expertos en fuego» conformado por la PGR, sólo consta de 9 hojas y no cumple los estándares internacionales en investigación sobre dinámica de fuego. Por el contrario, sólo está dirigido a tratar de comprobar la hipótesis imposible del régimen usurpador sobre la cremación de 43 cuerpos a cielo abierto.

Pero eso no es todo. El GIEI denunció que los «peritos en fuego» de la PGR fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad A PERPETUIDAD, para que no puedan revelar detalles de cómo realizaron su informe ni los disensos al interior del grupo sobre las conclusiones.

En estos momentos los expertos siguen presentando los pormenores de su informe, mismo que está siendo transmitido en vivo a través de Internet:


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