Ahora resulta que ya no se puede cambiar el sistema operativo «por diseño de fábrica». ¡Qué huevos de Bill Gates! Esto es una forma de SECUESTRO contra los usuarios de equipos de cómputo por parte de este delincuente saqueador abusivo. ¡BOICOT!
Por Nicolás Lucas
(El Economista)
La compra de una computadora que derivó en un conflicto entre consumidor y fabricante volvió a traer a debate la neutralidad tecnológica como un tema a considerar por las autoridades a la hora de pronunciarse en este tipo de diferendos. En el expediente PFC CDF.B.3/000247-2015, Profeco determinó sancionar a la productora tecnológica Lenovo por 4,000 pesos, por omitir información sobre un equipo de cómputo que costaba 7,400 pesos y cuyo comprador no pudo devolver.
Para Agustín Ramírez, ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Profeco emitió su resolución a partir de un “modelo obsoleto” y de mecanismos alternos que sólo desgastan al consumidor. “Seguir con el proceso de litigiosidad formará hartazgo en el usuario”, dijo Ramírez.
La historia es la siguiente: Jacobo Nájera Valdez adquirió el 12 de noviembre del 2014 una computadora portátil Lenovo por 7,439 pesos y luego intentó instalarle un sistema operativo distinto al Windows 8.1 preinstalado, pero una configuración técnica de la máquina conocida como secure boot se lo impidió hacerlo.
Este imprevisto lo llevó al centro de servicio Lenovo, donde confirmó que era imposible instalar el sistema operativo de su elección debido a esa restricción, no informada en las especificaciones de venta del equipo, un Yoga 2 de 11 pulgadas.
Nájera creció su inconformidad el 15 de enero del 2015 al presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a la nula información sobre la restricción técnica, que de haber sido informada a tiempo el consumidor no habría adquirido ese equipo de Lenovo. El expediente quedó consignado con el folio PFC CDF.B.3/000247-2015.
Dos meses después, la Profeco realizó una primera audiencia de conciliación entre consumidor y un representante legal de la empresa Lenovo. De esta primera audiencia derivó una revisión de equipo donde el diagnóstico estableció que era imposible deshabilitar el secure boot por tratarse de una tecnología que integra a la computadora desde su fabricación.
En una segunda ronda de conciliaciones, el 10 de junio del 2015, ambas partes tampoco pudieron lograr acuerdos. Entonces, Lenovo intentó trasladar el problema de la falta de especificaciones al distribuidor y al vendedor del equipo.
“Lenovo ofreció deshabilitar el secureboot pero sus técnicos no lo lograron porque es un problema de diseño, según su propio diagnóstico. Posteriormente Lenovo negó responsabilidad ante Profeco y querían [sus representantes legales] pasar la responsabilidad al vendedor/distribuidor. Por lo que no acepté la conciliación ni los argumentos de que Lenovo sobre que ellos no eran los responsables de informar”, contó Nájera a El Economista vía correo electrónico.
“Al no lograrse la conciliación la Profeco inició formalmente el procedimiento por Infracciones a la Ley [Federal de Protección al Consumidor] en contra de Lenovo, y es ahí donde estamos. Profeco reconoció que en efecto Lenovo es responsable”, agregó Nájera.
El 11 de agosto del 2015, la Profeco resolvió que la empresa Lenovo infringió lo establecido en el Artículo 7° de la Ley Federal de Protección al Consumidor, emplazándola a cumplir con una sanción económica de 4,000 pesos como pago la Tesorería.
“La autoridad considera que el proveedor no informó de manera oportuna al consumidor todas y cada una de las características con las que contaba la computadora portátil, ocasionándole un detrimento a la parte consumidora en la esfera de sus derechos. Lenovo de México S. de R.L. de C.V. infringió lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, definió la oficina.
Para Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho de consultoría Aura Boros y ex presidente de la Amedi (Asociación Mexicana de Derecho a la Información), “el modelo que sigue la Profeco ya es obsoleto. Busca siempre mecanismos alternos de resolución a través de la conciliación y que son de naturaleza voluntaria entre las partes. Y en ese sentido, acude el vendedor para que no se le multe por no acudir. En estricto sentido acuden, pero no aceptan los arbitrajes. Una vez agotados todos los procesos (en la Profeco), se sigue a los tribunales y es probable que allí la multa sea combatida, que ni siquiera se pueda cobrar en tribunales y, mientras, el consumidor ya pagó, ya gastó y ya se desgastó y nadie le va resarcir el daño. Seguir con el proceso de litigiosidad formará hartazgo en el usuario”, dijo.
En su resolución, la Profeco pudo haber establecido el tema de la neutralidad tecnológica como uno de los argumentos para ponerse del lado de Nájera Valdez, de acuerdo con el espíritu para el que fue creada: defender al consumidor. La neutralidad tecnológica se entiende como la adopción de estándares que permiten relacionar e interconectar diversos sistemas operativos y otras plataformas de tecnología, de modo que sean abiertos y se haga un uso eficiente de los recursos.
“La Profeco pudo haber utilizado otros mecanismos de evaluación […] porque tiene amplias facultades para ello. El principio de neutralidad tecnológica es muy importante cuando un usuario no tiene conocimiento de tecnologías, en momentos como éste que hay tecnologías muy sofisticadas. Alguien debería preocuparse por el consumidor. Puede haber alguien preocupado porque se permita instalar un software (como en este caso), porque no se debe estar casado con una plataforma. Siendo así, están haciendo prácticas desleales de mercado. Dirá la Profeco que no es de su competencia y sí de la Cofece [la autoridad de competencia], pero alguien tiene que dar la pauta. Este caso pude convertirse en análisis para la Profeco sobre la efectividad de su modelo de arbitraje, que ya está pasado”, dijo Ramírez.
“El caso va a seguir y agotaremos los recursos legales. Por eso decidimos compartir esta primera fase al tener el reconocimiento de la violación de Lenovo a la ley por la autoridad”, dijo Nájera, quien por el momento debe asumir que compró una computadora que no cumple con sus necesidades y que tampoco puede devolver al fabricante Lenovo.
