México, 6 de mayo 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Si la cosa no es por falta de elementos. El asesino de Atenco debería estar en la cárcel desde hace mucho tiempo, las pruebas para ello están a la vista de cualquiera que sepa leer y razonar. Pero ese mismo raciocinio permite entender que si Peña está en la presidencia de México en lugar de la cárcel, es porque las «instituciones» nacionales e internacionales de «justicia» forman parte de los intereses globales que lo impusieron. Eso incluye a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Penal Internacional, el Tribunal de la Haya y otros organismos de simulación creados para servir a Estados Unidos y sus aliados, liquidando a sus opositores en una monstruosa caricatura de «justicia». Ello explica los juicios sumarios a sujetos como Slobodan Milosevic o Saddam Hussein, entre otros «enemigos del imperio», mientras genocidas como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón —abiertamente genuflexos a los intereses de Estados Unidos— andan risa y risa, cobijados en la impunidad que esas mismas falsas «instituciones» les han conferido.
Tan sólo por el caso Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto y sus principales cómplices —Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos Zepeda y Jesús Murillo Karam— ya deberían estar siendo juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que desde octubre de 2005, México forma parte del Estatuto de Roma y firmó la creación de dicha corte, sometiéndose con ello a su autoridad para juzgar crímenes de guerra, agresión, genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada.
De acuerdo con el abogado Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el juicio procedería a petición expresa de los padres de los 43 normalistas atacados, en primera instancia contra los elementos policiacos municipales, federales y del Ejército, directamente involucrados en la desaparición de los estudiantes. Pero la cadena de mando y responsabilidades alcanzaría igualmente a Peña y sus altos «funcionarios», por lo que también serían juzgados.
“En una primera instancia se podría llevar a la Corte Penal Internacional a todos los servidores públicos que participaron de manera activa, es decir los policías de Cocula y Huitzuco que se los llevaron o al Ejército que no defendió a los alumnos que estaban siendo atacados. Pero también está el delito de responsabilidad por cadena de mando, es decir, que si esas conductas graves fueron producto de la omisión de los altos funcionarios ellos también podrían ser juzgados en la corte penal por omisión”, explicó el catedrático en entrevista para el portal Revolución 3.0.
En tal sentido, consideró altamente viable la opción de enjuiciar en esa corte a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores en materia de seguridad, a saber: el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y Jesús Murillo Karam, el ex procurador de la república y autor de la llamada «verdad histórica» del régimen usurpador, desmentida un sinfín de ocasiones y sepultada recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que además demostró que el propio régimen es el principal estorbo para resolver el caso.
“El [régimen usurpador] mexicano no quiere llegar a una conclusión, ¿por qué?, por la colusión que tiene con el crimen organizado y la manera en que el régimen va tratando los casos de ofensas y daño a la ciudadanía y los va administrando. Está administrando el terror y el horror para el control de la población”, opinó acertadamente el obispo de Saltillo, Raúl Vera, consultado sobre el tema por el medio aquí citado.
El informe del GIEI constituye un elemento que la propia corte internacional debería estar considerando para tomar la iniciativa de enjuiciar a Peña y sus esbirros. No lo ha hecho ni lo hará, porque su papel sólo consiste en SIMULAR. Y si así lo hiciera, refrendará impunidad al asesino de Atenco y simulará «justicia» castigando a unos cuantos chivos expiatorios. Pueden estar seguros porque así lo ha hecho esa corte en el pasado.
Si el pueblo quiere auténtica justicia, tendrá que reaccionar de manera inteligente, organizada, no violenta pero firme y decidida, para recuperar el control de las instituciones nacionales y, entonces sí, llevar a juicio a los perpetradores de tanto caos y barbarie en nuestro país, empezando por el asesino Enrique Peña Nieto.
«LA DESOBEDIENCIA CIVIL ES UN HONROSO DEBER CUANDO SE APLICA CONTRA LOS LADRONES DE LA ESPERANZA Y DE LA FELICIDAD DEL PUEBLO»: AMLO.
Con información de Revolución 3.0
