México, 1 de junio 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Desde que el asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, usurpó la presidencia, nuestro país es ya el más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo, dio a conocer que particularmente en 2015, el número de denuncias contra México por violaciones a los derechos humanos se incrementó notablemente, alcanzando el primer lugar entre los 35 miembros con más solicitudes registradas.
Según el funcionario, el año pasado se presentaron mil 164 peticiones entre todos los países que forman parte de la CIDH; de éstas, 849 fueron de México, lo que representa 73 por ciento del total.
Durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Álvarez Icaza precisó que la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual son quienes realizan las imputaciones en contra del Estado. Esto, según datos de un comunicado que dio a conocer la UNAM.
Aunque México dispone de un «robusto» —por no decir PESADO E INÚTIL— sistema «institucional» en materia de atención a las garantías individuales, con 32 organismos públicos locales y uno a nivel nacional, todo el montaje es pura simulación y MUY MALA. “La gente no acude a esas instancias y prefiere resolver los asuntos en el ámbito exterior”, indicó Álvarez, confirmando la absoluta desconfianza de los mexicanos en las «instituciones» de México, pues llevan mucho tiempo secuestradas por criminales.
Por si fuera poco, la grosera simulación en el rubro del «respeto a los derechos humanos» a través del pesado aparato institucional ya mencionado, cuesta a los mexicanos MÁS DE 200 MILLONES DE DÓLARES AL AÑO.
Álvarez Icaza señaló que la impunidad y falta de respuestas a nivel interno, provoca que los denunciantes acudan primordiamlente a ámbitos externos. Asimismo, quienes interponen los recursos tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran mejores posibilidades de respuesta favorable en instancias externas como la CIDH.
El jurista refirió que en los últimos tres lustros, México ha estado expuesto a un escrutinio internacional en el rubro del respeto a los derechos humanos, “pero no podemos esperar que de esto emanen respuestas, porque para ello es preciso cumplir las recomendaciones. Si no lo hacemos el escenario se agravará. Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal”, abundó.
Álvarez Icaza, quien se desempeñara como ombudsman capitalino de 2001 a 2009, denunció que a nivel estatal no hay avances en las «políticas públicas» que se reflejen en el marco legal, y en los municipios el panorama es mucho peor, ya que las «gerencias de gobierno» no contemplan las garantías referidas.
¿Cómo es posible hablar de «respeto a los derechos humanos» en un régimen usurpador que sólo puede sostenerse precisamente violándolos?
Con información de La Jornada
