Por Ezequiel Flores
(Proceso)
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) clasificó como “reservada durante los próximos cinco años” la información sobre el caso de la venta irregular de armas que involucra al Ejército y el gobierno de Guerrero, donde fueron desviados recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en 2014 y 2015.
La ASF determinó que la información que solicitó Proceso sobre este hecho –vía transparencia– “contiene datos que comprometen la seguridad nacional y pertenece a una observación en proceso deliberativo y su difusión afectaría el debido proceso”.
La respuesta oficial suscrita por el titular de la unidad de Transparencia del órgano fiscalizador, Óscar Alberto Jiménez Romo, señala que revelar los datos sobre el contrato de compraventa de armas de la Sedena con el gobierno de Guerrero “representa un riesgo real a la seguridad nacional”.
Ello debido a que la información “contiene datos respecto de armas de uso exclusivo del personal de seguridad pública”.
También advierte que “podría afectarse” la Hacienda Pública Federal en caso de que no se concluya el proceso de resarcimiento de los recursos observados.
La ASF concluye argumentando que la imposibilidad de proporcionar la información que clasificó como “reservada durante los próximos cinco años”, se debe a que afecta el proceso deliberativo de los servidores públicos responsables de pronunciarse respecto de las respuestas de la Sedena y el gobierno de Guerrero para atender la acción 14-A-12000-14-0790-06-006, ya que hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva.
El pasado 11 de marzo Apro dio a conocer que a finales de noviembre de 2015 la ASF emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.
Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.
La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras irregularidades.
Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.
La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
El análisis fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, mediante el oficio A1/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, para investigar y sancionar a los responsables de esa administración irregular. Se desconoce el estado de la investigación ordenada por la ASF, pero el gobernador Astudillo ha dicho públicamente que las auditorías a sus antecesores no son prioritarias para él.
En la revisión de las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, la ASF constató que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena por “armas, municiones y cargadores”, mediante dos entregas: una por un millón 868 mil 400 pesos y otra por nueve millones 820 mil 900.
Según la ASF, el estado recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de ocho millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”.
Hasta el momento, este caso sigue impune y ninguna autoridad civil y del Ejército han sido sancionados por la compraventa de armas que llegaron incompletas a Guerrero.
